Extorsión provoca cierre masivo de negocios en el departamento del Atlántico
El fenómeno de la extorsión contra pequeños comercios continúa en ascenso alarmante en el departamento del Atlántico, donde solo durante el año 2025 se registraron al menos 626 denuncias formales. De estas denuncias, un preocupante 66% se concentró específicamente en la ciudad de Barranquilla, revelando un patrón de victimización sistemática contra los negocios de barrio.
Denuncia senatorial revela cifras alarmantes
Durante una intervención en la Comisión Sexta del Senado, el senador Pedro Flórez presentó una denuncia formal que detalla la gravedad de la situación. Según sus investigaciones, al menos 450 comercios de barrio han cerrado sus puertas definitivamente en los últimos cinco años como consecuencia directa de la extorsión. Esta cifra incluye tiendas de abarrotes, peluquerías, panaderías, farmacias y diversos establecimientos que tradicionalmente sostienen la economía local.
"El problema se ha agravado de manera sostenida y preocupante", afirmó el senador Flórez durante su intervención. "Entre los años 2020 y 2023 documentamos aproximadamente 250 tiendas cerradas únicamente en Barranquilla, Malambo y Soledad. Para el año 2025, el número acumulado ya supera los 400 establecimientos afectados, incluyendo restaurantes, peluquerías, farmacias, misceláneas y panaderías, en muchos casos por cobros ilegales que los propietarios no pueden sostener".
Subregistro y consecuencias económicas devastadoras
La situación resulta aún más crítica al considerar el alto nivel de subregistro. Las autoridades estiman que más del 80% de los comercios afectados por extorsión no reportan sus casos, ya sea por temor a represalias o por desconfianza en los mecanismos de protección estatal. Este silencio forzado dificulta la implementación de estrategias efectivas contra el flagelo.
Según las estimaciones del senador Flórez, esta crisis de extorsión podría haber afectado entre 800 y 1.600 fuentes de ingreso directas en Barranquilla y su área metropolitana, generando un impacto económico y social de proporciones considerables en comunidades ya vulnerables.
Gremios exigen acción inmediata de las autoridades
Ante esta crítica situación, Orlando Jiménez, directivo de la Unión de Empresarios y Comerciantes (Undeco), hizo un llamado urgente a las autoridades para implementar medidas de protección concretas. "Necesitamos un mayor acompañamiento y que estén con nosotros ante estos momentos de crisis", indicó el representante gremial durante su intervención.
Jiménez destacó específicamente la necesidad de redirigir los recursos de la tasa de seguridad que los comerciantes aportan mensualmente en sus facturas de servicio eléctrico hacia mecanismos de protección más efectivos. "Reclamamos que estos recursos se inviertan directamente en nuestra seguridad, no en burocracia", enfatizó.
Violencia extrema documentada en video
El directivo gremial hizo referencia a un ataque particularmente violento que quedó registrado en cámaras de seguridad en el municipio de Malambo. Las imágenes muestran a tres delincuentes que se movilizaban en una motocicleta deteniéndose frente a un establecimiento comercial.
En el video se observa claramente cómo dos hombres descienden del vehículo y rocían gasolina sobre la fachada del negocio, para posteriormente prenderle fuego. Mientras esto ocurre, una mujer que conducía la motocicleta se encarga de grabar meticulosamente cada detalle del ataque con un teléfono celular, aparentemente para dejar registro intimidatorio.
Este incidente ilustra la escalada de violencia que acompaña a las extorsiones, donde las amenazas se materializan en ataques directos contra los patrimonios de pequeños empresarios que se resisten a pagar los "cupos" exigidos por grupos criminales.
Contexto regional y llamado a la acción
La crisis de extorsión en el Atlántico se enmarca dentro de un patrón regional que afecta a diversos departamentos del país. Recientemente, la Gobernación de Antioquia solicitó al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) mayor contundencia contra la extorsión en el Oriente antioqueño, demostrando que el fenómeno trasciende fronteras departamentales.
La situación requiere una respuesta coordinada entre autoridades locales, nacionales y la comunidad empresarial para desarrollar estrategias integrales que incluyan:
- Fortalecimiento de los canales de denuncia anónima
- Protección efectiva a testigos y víctimas
- Inteligencia financiera para rastrear pagos de extorsión
- Programas de apoyo económico a negocios afectados
- Cooperación interinstitucional entre fiscalía, policía y fuerzas militares
Mientras las autoridades diseñan respuestas estructurales, cientos de comerciantes en el Atlántico enfrentan diariamente la disyuntiva de pagar para sobrevivir o arriesgar sus vidas y patrimonios al resistirse a las exigencias criminales.
