Corte Suprema de EE.UU. interviene en disputas históricas con Cuba
La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para examinar cuestiones jurídicas derivadas de la tensa historia de relaciones entre Washington y La Habana, al analizar el alcance de una ley de 1996 que permite a ciudadanos estadounidenses solicitar indemnización por bienes confiscados por el gobierno comunista cubano.
Análisis de la Ley Helms-Burton
Los magistrados escucharán este lunes los argumentos de dos casos centrados en la ley federal denominada Ley Helms-Burton, uno relacionado con la petrolera estadounidense ExxonMobil y el otro con las líneas de cruceros Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises.
Una disposición clave de la ley, denominada Título III, permite interponer demandas en tribunales estadounidenses contra entidades que "trafican" con propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la revolución que llevó al poder a Fidel Castro en 1959.
Importancia histórica y política
Aunque los dos casos se centran en cuestiones jurídicas distintas, ambos plantean la cuestión fundamental de cuán poderoso pretendía el Congreso que fuera el Título III como recurso legal. Los jueces nunca antes habían interpretado esta sección de la ley, que los presidentes pueden suspender si lo consideran "necesario para los intereses nacionales de Estados Unidos".
El Título III estuvo inactivo durante décadas debido a decisiones presidenciales de suspenderlo. Sin embargo, el presidente Donald Trump, quien adoptó una línea dura hacia Cuba, levantó esa suspensión durante su primer mandato, desencadenando una oleada de aproximadamente 40 demandas presentadas entre 2019 y 2020.
Miles de millones en reclamaciones
Tras la revolución cubana, el nuevo gobierno comunista nacionalizó propiedades estadounidenses que actualmente valen miles de millones de dólares, incluyendo:
- Fábricas
- Ingenios azucareros
- Refinerías de petróleo
- Centrales eléctricas
La Ley Helms-Burton formalizó el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba, que había estado en vigor por orden presidencial desde la administración del presidente John Kennedy en la década de 1960.
Casos específicos en disputa
En uno de los casos, Exxon reclama más de 1.000 millones de dólares en concepto de indemnización a CIMEX, una empresa estatal cubana, por activos petroleros y gasísticos confiscados en 1960. La petrolera ha pedido a los jueces que revoquen una decisión de 2024 que permitiría a empresas estatales cubanas alegar inmunidad soberana extranjera como defensa.
En el otro caso, Havana Docks Corporation, una empresa estadounidense que construyó muelles en el puerto de La Habana antes de la revolución, reclama indemnización a las cuatro líneas de cruceros cuyos barcos han utilizado la terminal. Un juez federal había considerado a las empresas de cruceros responsables de un total de 440 millones de dólares, pero un tribunal de apelación desestimó esas sentencias el año pasado.
Implicaciones legales y comerciales
Los expertos jurídicos señalan que las sentencias que interpretan la Ley Helms-Burton han hecho que a las empresas estadounidenses les resulte costoso y lento reclamar indemnizaciones a entidades cubanas. Ingrid Brunk, profesora de la Facultad de Derecho de Vanderbilt, afirmó: "A los demandantes les está costando mucho obtener una indemnización en virtud de la Ley Helms-Burton por diversas razones, y probablemente sea más difícil obtenerla de lo que el Congreso había previsto cuando aprobó la ley en 1996".
La administración de Trump declaró a Cuba "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos, cortando el flujo de petróleo venezolano a la nación insular y amenazando con imponer aranceles a cualquier país que le suministre combustible.
El Departamento de Estado afirmó en 2019 que la medida de Trump "aumentaría la presión sobre el Gobierno cubano" y "penalizaría a quienes se benefician de las propiedades legítimas de los estadounidenses".
