Gobierno y Registraduría despliegan plan integral para comicios del 8 de marzo
En un esfuerzo conjunto por asegurar la legitimidad y transparencia de las próximas elecciones del 8 de marzo, donde se elegirá nuevo Congreso y se definirán candidatos presidenciales, el gobierno nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil han presentado un detallado plan de acción. Este fue expuesto durante el foro ‘Elecciones 2026: ¿cómo van las garantías electorales?’, organizado por EL TIEMPO con apoyo del Ministerio del Interior, que reunió a expertos de diversos sectores en conversatorios y paneles.
Acciones clave para la seguridad y transparencia electoral
El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfatizó que las garantías electorales son el corazón de la democracia, subrayando la importancia de que el voto ciudadano sea respetado y los resultados sean confiables. Desde el Comité de Seguimiento Electoral, se ha coordinado un proceso que involucra a múltiples entidades nacionales, con las fuerzas armadas, Policía y Ejército liderando el acompañamiento a candidatos en territorios. Hasta la fecha, se han realizado más de 3.700 eventos con candidatos, desplegando aproximadamente 43.000 efectivos policiales para garantizar su seguridad durante el proselitismo.
Entre las medidas destacadas se encuentran:
- Persecución de delitos electorales: Los ministerios del Interior y Defensa han anunciado recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes denuncien información clave que permita judicializar delitos como la compra o trasteo de votos.
- Denuncias ciudadanas: El brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, instó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho riesgoso a las líneas 157 y 123.
- Resultados en tiempo real: La Registraduría Nacional implementará un sistema para publicar documentos electorales como los formularios E-11, E-24 y E-26 a medida que se generen, permitiendo a auditores y misiones de observación acceder a resultados mesa por mesa.
Enfoque en transparencia y tecnología
Youssef Sefair Silva, registrador de Bogotá, explicó que uno de los aspectos clave es generar confianza en la transparencia del proceso. Para ello, se ha permitido a auditores de partidos y externos conocer el código fuente de los sistemas de información utilizados en estas elecciones. Además, algunos puestos de votación contarán con identificación biométrica dactilar y facial, y se dispondrá de visores públicos para seguimiento en tiempo real de resultados preliminares durante el preconteo.
Riesgos identificados y medidas de mitigación
Javier Baquero, viceministro encargado de políticas de defensa y seguridad, identificó tres riesgos principales: desinformación en redes sociales, delitos electorales y problemas de orden público. Afirmó que se están implementando acciones en zonas de votación desde hace meses, con presencia militar para mitigar estos riesgos. María Romero Martínez, jefa de asesoría jurídica de la Federación Colombiana de Municipios, destacó la importancia de la pedagogía ciudadana sobre el proceso electoral y delitos asociados, así como la necesidad de mantener presencia de la fuerza pública en zonas con grupos ilegales después de las elecciones.
Combate a la desinformación y regulación de consultas previas
José María Sarmiento Ortiz, delegado de la Procuraduría, llamó a los ciudadanos a combatir la desinformación acudiendo a páginas oficiales, especialmente la de la Registraduría Nacional, para obtener información de primera mano. Paralelamente, en un panel sobre ‘El derecho fundamental a la consulta previa en medio del debate electoral’, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, anunció que el gobierno promoverá un proyecto de ley para regular el costo de las consultas previas, buscando equilibrio entre los derechos de las comunidades y los proyectos de desarrollo.
Rondón explicó que, aunque la consulta previa es un derecho constitucional, la falta de regulación en costos ha llevado a situaciones donde consultas valen más que los proyectos mismos. El objetivo es establecer líneas gruesas a través de un diálogo nacional. En el panel, también se abordaron riesgos en territorios controlados por grupos al margen de la ley, con analistas como Mauricio Toro señalando la coerción ejercida por grupos armados en estos procesos.
Zonas de preocupación y enfoque territorial
El ministro Benedetti destacó áreas específicas de preocupación en términos de orden público, incluyendo Norte de Santander (Catatumbo), Arauca, Cauca, Chocó y sur de Bolívar, donde conflictos con grupos como el ELN y actividades ilícitas como cultivo de coca generan riesgos. En total, se identificaron 148 municipios en riesgo, equivalentes al 13% del total, incluyendo las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), donde se ha reforzado la seguridad.
En resumen, las autoridades electorales y gubernamentales han desplegado un plan multifacético que combina seguridad, tecnología, transparencia y participación ciudadana para asegurar que las elecciones del 8 de marzo se desarrollen con legitimidad y confianza, abordando desde delitos electorales hasta desafíos territoriales en un contexto democrático crítico.
