Gobierno revoca suspensión de capturas contra jefes del Clan del Golfo
En un giro significativo dentro del proceso de paz con el Clan del Golfo, el Gobierno Nacional decidió revocar la resolución que suspendía las órdenes de captura contra varios comandantes de ese grupo armado, incluido su máximo líder, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo. La medida fue formalizada mediante una resolución firmada el 9 de marzo de 2026 por Otty Patiño, consejero comisionado de paz, y se produce en medio de crecientes tensiones entre el presidente Gustavo Petro y esta organización criminal.
Incumplimiento del cronograma pactado en Doha
Según el documento oficial, la revocatoria se fundamenta en el incumplimiento del cronograma establecido durante los diálogos de paz realizados en Doha, Catar, en diciembre de 2025. En esos acuerdos, se pactó el traslado de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) ubicadas en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba).
El traslado estaba programado para iniciar el 1 de marzo de 2026, pero no se materializó. Aunque el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación (MTSMV) —compuesto por el Gobierno, delegados del EGC y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA— anunció un aplazamiento dos días antes, las autoridades consideraron que no podían mantener vigente un documento con fechas vencidas.
Álvaro Jiménez, jefe de la delegación gubernamental en este proceso, explicó: "Como el 1 de marzo pasó y no ocurrió el traslado, debemos hacer un acto administrativo que deje sin efecto esa fecha y esperar a definir una nueva". La resolución afecta específicamente las órdenes de captura contra Ávila Villadiego y otros cuatro comandantes: Orozman Orlando Osten Blanco, Elkin Casarrubia Posada, Luis Armando Pérez Castañeda y José Gonzalo Sánchez Sánchez (Gonzalito), quien falleció en un accidente durante los preparativos.
Tres factores que provocaron el aplazamiento
Jiménez detalló que el retraso en el ingreso a las ZUT se debió a tres circunstancias específicas, no a incumplimientos deliberados del grupo armado:
- Condiciones climáticas adversas: Una intensa ola de lluvias afectó severamente las vías y predios en Chocó y Córdoba, dificultando el acceso a los territorios donde se establecerían las zonas temporales.
- Muerte de un comandante clave: El fallecimiento de José Gonzalo Sánchez Sánchez (Gonzalito), segundo al mando del Estado Mayor Conjunto del EGC, durante su traslado hacia una de las ZUT.
- Suspensión temporal de conversaciones: La pausa en las discusiones sociojurídicas del 4 de febrero, que el grupo armado justificó para "realizar consultas y aclarar información sobre declaraciones gubernamentales" relacionadas con la posible neutralización de su comandante principal.
Estos factores llevaron al comité tripartito a concluir que no era posible cumplir con el cronograma original, necesitando una reprogramación completa del proceso.
Creciente tensión entre Petro y el Clan del Golfo
La decisión de revocar la suspensión de capturas se produce en un contexto de enfrentamiento público entre el presidente Petro y el Clan del Golfo. A través de la red social X, el mandatario acusó al grupo de "haber roto su propio acuerdo" alcanzado en Doha, señalando específicamente su falta de avances en la reducción de economías ilícitas.
"No eliminó una sola hectárea de hoja de coca ni en el Darién ni en el Nordeste antioqueño. No desmontó su economía ilícita del oro con la que corrompe fuerzas estatales locales", escribió Petro, añadiendo que la organización "debe ser objeto de desmantelamiento armado y judicial".
El Clan del Golfo respondió exigiendo claridad: "Presidente, sea claro y concreto: ¿ha roto usted la mesa con nosotros? Responda para frenar todos los procesos en curso que se tienen". Esta escalada retórica ha generado incertidumbre sobre el futuro del diálogo, aunque Jiménez insiste en que el proceso "se debe mantener a pesar de las dificultades".
Implicaciones y próximos pasos
La revocatoria de la suspensión de capturas no significa el fin automático del proceso de paz, pero sí introduce nuevos elementos de presión. Jiménez confirmó que las partes volverán a reunirse para acordar un nuevo cronograma, y que, basándose en esa fecha, el Gobierno tomará "las actuaciones que correspondan según la ley".
Aunque algunos sectores interpretan esta medida como una respuesta a presiones internacionales, especialmente tras la reunión de Petro con Donald Trump en febrero, el negociador gubernamental insistió en que la decisión responde exclusivamente al cambio en la programación. El proceso continúa en un delicado equilibrio entre la búsqueda de paz y la aplicación de la justicia, con el trasfondo de una creciente desconfianza mutua.
