Reactivación del proceso de paz en medio de tensiones territoriales
El Gobierno Nacional y la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia conocida como la Segunda Marquetalia, lograron un acuerdo para reactivar el séptimo ciclo de diálogos de paz programado para los próximos 12 y 13 de abril en zona rural de Tumaco, departamento de Nariño. Este avance se produce tras culminar las consultas previas definidas en una reunión extraordinaria celebrada en Bogotá el pasado 27 de marzo.
Superando obstáculos y tensiones previas
La disidencia había declarado el pasado 16 de marzo una pausa en la mesa de negociaciones, aunque en días posteriores se mantuvieron reuniones en la Casa de Nariño. Esta decisión se tomó tras la muerte de un miembro del grupo en medio de un operativo del Ejército Nacional. Además, el grupo armado reclamaba al Gobierno el incumplimiento de compromisos relacionados con la construcción de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT) y el traslado a la misma de Geovanny Rojas, alias Araña.
Según fuentes cercanas al proceso, el Gobierno se había comprometido inicialmente a trasladar a Araña una vez iniciara la ZUT, pero en los últimos días habría afirmado que no está en condiciones de cumplir con ese acuerdo específico. Incluso se planteó la posibilidad de trasladar solo 99 de los 100 miembros de la CNEB, excluyendo a Araña, o continuar las conversaciones sin la implementación de la Zona de Ubicación.
Acuerdos concretos y decisiones pendientes
El acta suscrita en Bogotá establece que las partes no solo destrabaron la continuidad de la mesa de diálogo, sino que también pactaron retomar las labores para la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo. El documento especifica que el traslado de integrantes de la CNEB a esa zona se realizará una vez avancen las adecuaciones del terreno, lo que representa un nuevo impulso a este mecanismo considerado clave dentro del proceso de paz.
En las consultas se acordaron las condiciones de ingreso de Comandos de Frontera a la ZUT del Valle del Guamuez. Sin embargo, la decisión sobre el ingreso de Andrés Rojas, así como la determinación sobre su posible extradición a Estados Unidos, quedó en manos del presidente Gustavo Petro, evidenciando la complejidad política y jurídica del proceso.
Compromisos adicionales y contexto regional
Las delegaciones definieron que el 11 de abril realizarán una visita conjunta a la región de la laguna de Chimbuza, en Roberto Payán (Nariño), acompañados por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y representantes de países garantes. El objetivo principal será revisar el avance de los procesos de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en esa zona, conectando así el proceso de paz con las realidades económicas y sociales del territorio.
La reanudación de la mesa se produce en un contexto particularmente complejo. En el mismo documento, las partes lamentaron el asesinato del delegado de la CNEB Alexander Rondón y expresaron su duelo por el accidente aéreo de un avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo (Putumayo), hechos que marcaron significativamente el ambiente previo a esta reunión extraordinaria.
Firmantes y ausencias notables
El acuerdo fue firmado, entre otros, por el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa García, y el delegado de la disidencia Andrés Guerrero, junto con representantes de países garantes y entidades acompañantes. Según confirmó la delegación, Walter Mendoza, jefe de la delegación de la disidencia, no asistió personalmente a la reunión, pero participó otra parte de la delegación tal como se había acordado previamente.
Con estos acuerdos, el proceso de paz entra en una fase crucial donde se pondrá a prueba la capacidad de las partes para avanzar tanto en medidas territoriales —como la implementación efectiva de la ZUT— como en compromisos concretos en regiones históricamente atravesadas por economías ilegales y presencia de grupos armados. El éxito de esta nueva etapa dependerá en gran medida de la voluntad política de ambas partes y de su capacidad para traducir los acuerdos en realidades tangibles para las comunidades afectadas por el conflicto.
