El presidente Gustavo Petro ha atribuido el fracaso de su política de Paz Total a los negociadores del Estado, quienes, según él, confundieron a los grupos armados con insurgentes políticos en lugar de reconocerlos como organizaciones delictivas. En un mensaje en su cuenta de X, el mandatario se deslinda de responsabilidades, mientras que Iván Cepeda, su principal negociador y precandidato presidencial, queda en el centro de las críticas.
Una política en crisis
La escalada de violencia esta semana, con una masacre atribuida a alias 'Mordisco' en Cajibío que dejó 21 civiles muertos, eleva a 49 el número de masacres en los primeros cuatro meses del año, una cifra no vista en décadas. La estrategia de Paz Total, que concedió amplias concesiones a grupos armados, ha sido calificada como un desastre. Los grupos, que alguna vez tuvieron motivaciones políticas, ahora operan como crimen organizado, controlando economías ilícitas y territorios.
El papel de Iván Cepeda
Iván Cepeda, senador y figura clave en el diseño de la Paz Total, enfrenta críticas por su ambigüedad y falta de definiciones claras. Según la periodista Juanita León, Cepeda comparte la responsabilidad política por los fallos de la política, incluyendo la falta de rigor en las negociaciones, la descoordinación entre paz y seguridad, y la débil implementación del Acuerdo de 2016. Cepeda impulsó una propuesta de ley que fue rechazada por inconstitucional, y su participación en la mesa con el ELN ha sido cuestionada por ser demasiado complaciente.
Consecuencias humanitarias
La liberalidad en las negociaciones ha provocado la peor crisis humanitaria en 20 años. En el Catatumbo, el ELN y una disidencia de las Farc se disputan el narcotráfico, dejando 108 civiles muertos, 101.000 desplazados y confinamientos masivos. Mientras el ELN continúa hostilizando a la sociedad y enriqueciéndose con el crimen, propone volver a la mesa de diálogo para obtener concesiones políticas.
El dilema político
Ante la crisis, surgen voces que proponen una 'Seguridad Total' con militarización y cero diálogo, liderada por figuras como Paloma Valencia y Álvaro Uribe. Esta postura, que recuerda a la Seguridad Democrática, plantea un dilema: continuar con una Paz Total con ajustes o adoptar una política de fuerza que podría ignorar los derechos humanos. La sociedad colombiana enfrenta una elección difícil entre dos modelos opuestos.
