JEP: Alejandro Ramelli defiende resultados históricos y advierte riesgos de su modificación
En una entrevista exhaustiva, Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), abordó los desafíos que enfrenta este tribunal creado tras el Acuerdo de Paz con las FARC. A ocho años de su activación, la JEP sigue siendo centro de debates políticos, especialmente en el contexto de campañas electorales donde algunos sectores proponen su modificación o cierre.
"Los jueces no podemos tomar partido en controversias políticas", afirmó Ramelli, aunque expresó preocupación por la desinformación que rodea el trabajo de la jurisdicción. "Buena parte del recelo respecto del trabajo de la Jurisdicción se basa en desinformación y se alimenta por la tendencia a la polarización que se exacerba en tiempo electoral", señaló.
Impacto en las víctimas
Ramelli fue enfático al describir las consecuencias que tendría el cierre o modificación de la JEP para las víctimas del conflicto armado: "Significaría que las víctimas no puedan acceder a las verdades de los hechos ocurridos durante el conflicto armado; que no logren obtener información concreta sobre cada uno de los casos que las afectaron".
El magistrado destacó que la justicia transicional que aplica la JEP ofrece respuestas concretas que la justicia ordinaria no había logrado proporcionar: "Propicia la revelación de las verdades que han permanecido ocultas por décadas; obliga a los victimarios a confesar sus crímenes, a mirar a los ojos de los sobrevivientes y a pedirles perdón".
Resultados concretos y cifras
Ramelli presentó datos contundentes sobre el trabajo de la JEP:
- 304 máximos responsables imputados por los crímenes más graves del conflicto armado
- 172 de ellos han reconocido su responsabilidad en audiencias públicas
- 7 integrantes (vivos) del Secretariado de las FARC sancionados mediante sentencia de primera instancia
- 12 exmilitares del batallón La Popa condenados
- 6 generales han aceptado los cargos imputados por la JEP
"Voy a decirlo con todas sus letras: con relación a las FARC, jamás en la historia judicial colombiana este grupo rebelde había sido investigado con tal grado de profundidad y exhaustividad", afirmó el presidente de la JEP.
Desafíos políticos y desinformación
Ramelli respondió a críticas específicas, como las de la candidata presidencial Paloma Valencia, quien calificó a la JEP como "un tribunal de impunidad". Aunque evitó referirse directamente a propuestas políticas, el magistrado insistió en que "son bienvenidos los debates, debidamente informados, sobre nuestro trabajo".
Sobre las acusaciones de sesgo ideológico, Ramelli explicó el proceso de selección de magistrados: "El mecanismo de selección de los magistrados de la JEP fue innovador y transparente, de tal manera que estuviera blindado contra cualquier influencia política, nepotismo o clientelismo". Destacó que el Comité de Escogencia incluyó a tres expertos internacionales entre sus cinco miembros.
Riesgos internacionales
Uno de los aspectos más contundentes de la entrevista fue la advertencia sobre las consecuencias internacionales de modificar o cerrar la JEP. Ramelli recordó que la Corte Penal Internacional cerró condicionalmente su examen sobre Colombia en 2021 precisamente por los resultados de la JEP.
"El cierre de la JEP o su reforma expondría al país a una reapertura del referido examen y, eventualmente, a la expedición de órdenes de captura internacionales contra quienes sean considerados máximos responsables", advirtió el magistrado.
Trato igualitario y estándares internacionales
Ramelli fue categórico al responder sobre propuestas que buscan dar trato preferencial a agentes del Estado: "No es posible darles trato preferencial a los agentes del Estado ni aquí ni en ninguna parte del mundo porque se violarían los estándares fijados por el sistema internacional de protección de derechos humanos".
El presidente de la JEP destacó el respaldo internacional que recibe la jurisdicción: "El respaldo internacional es total. Los gobiernos extranjeros, la Corte Penal Internacional, las agencias del Sistema de Naciones Unidas [...] aplauden el trabajo de la JEP".
Finalmente, Ramelli expresó confianza en el blindaje constitucional de la JEP, aunque reconoció que "la Carta Política de 1991 ha sido modificada, parcialmente, en varias ocasiones". Su mensaje central fue claro: cualquier evaluación de la JEP debe basarse en cifras verificables y resultados concretos, considerando siempre el impacto en los derechos de las víctimas y los compromisos internacionales de Colombia.
