La JEP inicia proceso hacia sanciones tras reconocimiento de las Farc por reclutamiento de menores
Luego de que el antiguo secretariado de las Farc admitiera su responsabilidad por el reclutamiento de niños y niñas durante el conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entra en una nueva fase procesal que podría culminar en una audiencia pública de reconocimiento y, posteriormente, en la imposición de sanciones restaurativas.
El camino hacia la justicia restaurativa
La magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07, explicó que estas medidas, que incluyen Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador (TOAR), deberán ser concertadas con las víctimas y aprobadas por el Tribunal para la Paz. "Acabamos de entregar al país una solicitud de perdón dirigida a las víctimas y a la sociedad", señaló la magistrada.
Tras seis años de investigación en este caso que agrupa más de 11.000 víctimas individuales y colectivas, se abre la posibilidad de lo que la JEP denomina diálogo restaurativo. "Este diálogo no había sido posible antes porque no teníamos el punto de partida: el reconocimiento de responsabilidad, del daño causado a las víctimas y de la gravedad de las conductas cometidas contra niños y niñas", afirmó Rueda.
Propuestas concretas de las víctimas
Las víctimas han presentado diversas iniciativas para materializar la reparación:
- Un grupo de víctimas de Cali propone la construcción de la "Casa Xingu: Juventud de Luz", un espacio integral para la prevención del reclutamiento con enfoque restaurativo, memoria y reconciliación.
- Desde el Guaviare, una organización de familiares de niños reclutados desaparecidos quiere crear una "Casa de la memoria paz y reconciliación" donde la sanación se trabaje desde el arte y el acompañamiento psicosocial.
- Un pueblo indígena en Arauca propone proyectos de acceso a etnoeducación media, incluyendo formación de liderazgos familiares y femeninos, así como transmisión de saberes ancestrales.
- Desde el Caquetá, se han recibido solicitudes para mejorar el acceso a agua potable, transporte escolar y condiciones locativas en establecimientos educativos con enfoque étnico.
Mecanismos de garantía y supervisión
Para asegurar que los TOAR no se conviertan en actividades formales, la magistrada Rueda explicó que "los comparecientes pueden presentar TOARS que deben pasar por la consulta de las víctimas y por la aprobación de la Sala y del Tribunal de Paz". La JEP estudia actualmente la viabilidad técnica de estas propuestas y visibiliza rutas para su futura materialización.
Aspectos jurídicos y sanciones
En términos jurídicos, aunque los integrantes del antiguo secretariado ya fueron condenados a ocho años en otros macrocasos, la ley establece que el máximo término de las sanciones propias para cada persona condenada es de ocho años y estas no son acumulables. "Esto no implica que se agote el compromiso con la verdad", aclaró Rueda, "es, sobre todo, un compromiso con la seguridad jurídica de los comparecientes".
Próximos pasos en el proceso
La Sala podrá llamar a una audiencia de reconocimiento y habilitar a los comparecientes a recibir sanciones. "La Sala continuará garantizando la centralidad de las víctimas y el cumplimiento de sus derechos", afirmó la magistrada, "buscando especialmente que estos graves crímenes cometidos en contra de niños y de niñas no queden ni en la impunidad ni en el pasado".
El proceso restaurativo busca no solo la reparación individual, sino también la prevención de futuros reclutamientos y la construcción de una paz sostenible que proteja efectivamente a la niñez colombiana.
