El Gobierno Nacional se jugará su última carta de la ‘paz total’ en los tres meses que quedan con la puesta en marcha de cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para cuatro grupos armados: la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el ‘clan del Golfo’, Comuneros del Sur y el Frente 33 de las disidencias de alias ‘Calarcá’.
Reunión clave en la Casa de Nariño
Así quedó definido en un cónclave realizado el miércoles, en el que el presidente Gustavo Petro convocó a su consejero comisionado de paz, Otty Patiño, y a todos los delegados de las distintas mesas de negociación, luego del cortocircuito generado por la lista de integrantes del ‘clan del Golfo’ para quienes se pidió el levantamiento de órdenes de captura y que, según el jefe de Estado, nunca le fue consultada.
En dicha reunión, el mandatario dio luz verde para que se avance de “manera rápida” en el traslado de los integrantes de los grupos que ingresarían en esta primera fase, excluyendo a personas respecto de las cuales existan órdenes de captura con fines de extradición vigentes.
Instrucciones presidenciales
“La orden que daré por escrito es que la fuerza armada de Colombia cuida hasta que se resuelva la desmovilización y salida de la violencia de centenares de combatientes que entrarán”, aseveró el presidente en su último consejo de ministros.
La ubicación de estas zonas —figura utilizada durante el proceso de paz con las Farc— tendrá carácter reservado, aunque se proyecta su instalación en Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá (Chocó), Roberto Payán (Nariño), Valle del Guamuez (Putumayo) y Tibú (Norte de Santander).
Números de la desmovilización
La apuesta del Gobierno es que allí ingresen cerca de 400 integrantes del ‘clan del Golfo’, 200 de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, 100 de Comuneros del Sur y otros 100 del Frente 33 de las disidencias de alias ‘Calarcá’, respectivamente.
La instrucción de avanzar sin personas con solicitudes de extradición en esta primera fase implica que, por ahora, queda cerrada la puerta para Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, del ‘clan del Golfo’; Geovany Rojas, alias ‘Araña’, de Comandos de Frontera; y Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, de Comuneros del Sur.
Riesgos y advertencias de expertos
Ahora bien, expertos advierten de riesgos de llevar a cabo una instalación a contrarreloj de unas zonas que requieren de la definición de un plan sólido en seguridad, logística, verificación y una ley de sometimiento colectivo que, en el caso más grande que es el del ‘clan’ defina el tratamiento jurídico a sus integrantes.
“La discrecionalidad del presidente es clave para avanzar en las negociaciones. Sin embargo, la Corte Constitucional ha advertido que las ZUT solo pueden establecerse en fases avanzadas del proceso para viabilizar el sometimiento a la justicia, etapa a la que este proceso (‘clan del Golfo’) no ha llegado”, señaló Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Tobo agregó que las autoridades judiciales deben evaluar de manera autónoma las condiciones para suspender órdenes de captura y no actuar como simples ejecutoras de las decisiones del Gobierno. Para revisar ese escenario se dieron cita este jueves el comisionado Otty Patiño y la fiscal general Luz Adriana Camargo, aunque al cierre de esta edición no se conocían conclusiones del encuentro.
Preocupación por el control electoral
Por otro lado, el escenario electoral también empieza a pesar en la discusión. La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que debe existir un control estricto para evitar que en estas zonas se facilite el constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales.
“Para poder mantener estas zonas tiene que haber un control estricto de quiénes van a estos lugares y de quiénes son sus jefes, esto con el fin de que no haya ningún tipo de presión a los ciudadanos para dejar de hacer o promover determinada candidatura”, afirmó Barrios en Caracol Radio.
Próximos pasos
Las cabezas de las distintas delegaciones tendrán la tarea de concretar los acuerdos protocolarios tanto con Fuerza Pública como con los negociadores de las estructuras armadas. Y tiempo, a menos de tres meses de que haya un cambio de gobierno y con elecciones de por medio, no sobra.
