Organizaciones campesinas, sindicatos y sectores sociales han convocado para este 20 de mayo una jornada de paro nacional en defensa de la Jurisdicción Agraria y Rural. La movilización busca presionar al Congreso para que apruebe la reglamentación de esta figura, considerada clave para resolver conflictos de tierras y garantizar justicia especializada en el campo. El temor es que el trámite legislativo no avance y termine archivado por falta de aprobación antes del 20 de junio.
¿Por qué se movilizan las organizaciones campesinas?
El punto central de la protesta es la defensa de una justicia agraria especializada. Para los convocantes, el campo colombiano necesita una institucionalidad capaz de tramitar conflictos por tierra, uso del suelo, formalización de predios y disputas entre comunidades. La Jurisdicción Agraria y Rural es vista como una herramienta para garantizar el acceso a la tierra y proteger a las comunidades campesinas frente a la concentración de la propiedad rural. Las organizaciones exigen que el Congreso apruebe la reglamentación pendiente, pues su archivo pondría en riesgo la reforma agraria y el derecho a una justicia especializada.
Contexto de la movilización
La jornada de paro fue anunciada por organizaciones de distintas regiones del país e incluirá marchas y concentraciones en varias ciudades. El debate ocurre en un momento sensible para la agenda rural, ya que el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural debe avanzar en las plenarias de Cámara y Senado antes del 20 de junio. La movilización también recoge preocupaciones acumuladas en el sector rural, como catastro, impuesto predial, vías terciarias y acceso a tierra. El antecedente más reciente fue el paro campesino por el impuesto predial en Santander, que dejó bloqueos durante seis días y obligó a mesas de diálogo.
El trámite en el Congreso y el plazo del 20 de junio
La preocupación de las organizaciones se concentra en el calendario legislativo. El proyecto debe ser aprobado en las plenarias de Cámara y Senado antes del 20 de junio, lo que convierte la discusión en una carrera política y procedimental. En el Congreso, la iniciativa tiene implicaciones institucionales y presupuestales, como definir competencias, jueces, procedimientos y alcance territorial. Para los movimientos campesinos, la demora legislativa amenaza una promesa histórica del Estado con el campo. La convocatoria se da después de que el presidente Gustavo Petro llamara a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a coordinarse en defensa de la reforma agraria, tras una decisión de la Corte Suprema que el Gobierno calificó como un obstáculo.
Presión directa al Congreso
Sin embargo, la movilización no se reduce al Gobierno. Las organizaciones convocantes han planteado la jornada como una presión directa al Congreso para que discuta y apruebe la reglamentación. La protesta busca convertir un trámite jurídico en un hecho político visible. La discusión también toca un asunto de fondo: quién resuelve los conflictos rurales y con qué herramientas. En zonas donde se cruzan informalidad en la propiedad, disputas de linderos, ocupación de baldíos y presencia de comunidades étnicas, la ausencia de una justicia especializada suele alargar los conflictos durante años. La jornada de paro nacional del 20 de mayo es, por tanto, un llamado a no dejar morir la Jurisdicción Agraria y Rural en el Congreso.
