Administración Trump elimina dictamen clave sobre peligro climático
Este jueves 12 de febrero de 2026, la administración del presidente Donald Trump tomó una medida trascendental al derogar mediante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) el histórico "dictamen de peligro" establecido en 2009. Esta determinación científica había reconocido oficialmente que los gases de efecto invernadero, incluyendo el dióxido de carbono y el metano, representan una amenaza significativa para la salud pública y el bienestar general de la población.
Base legal eliminada para regulaciones ambientales
El dictamen derogado constituía la base legal fundamental que otorgaba al gobierno federal estadounidense autoridad para regular las emisiones contaminantes provenientes de vehículos, plantas de energía y el sector petrolero bajo la Ley de Aire Limpio. Su eliminación genera una controversia profunda, ya que contradice directamente el consenso científico establecido por cientos de investigadores ambientales que confirman un calentamiento global acelerado.
La Tierra continúa registrando aumentos de temperatura a un ritmo alarmante, según múltiples estudios internacionales. Aunque la magnitud de esta decisión sorprendió a muchos observadores, Trump ha mantenido consistentemente posiciones de escepticismo y negación frente a la crisis climática, calificando repetidamente el calentamiento global como una "estafa" o "engaño" impulsado por motivaciones políticas y económicas.
Impacto inmediato y consecuencias futuras
Esta acción específica no afecta directamente las regulaciones sobre fuentes fijas de emisiones, como plantas eléctricas o infraestructura de combustibles fósiles, que se rigen por una sección distinta de la Ley de Aire Limpio. Sin embargo, según análisis publicados por The Guardian, facilita considerablemente el camino para eliminar también esas normas en un futuro próximo, creando un precedente regulatorio peligroso.
El dictamen ahora derogado establecía claramente que seis gases de efecto invernadero principales representan una amenaza tangible para la salud humana, tanto en el presente como en las décadas venideras. Estos contaminantes se emiten principalmente mediante la quema de combustibles fósiles, como la gasolina en motores vehiculares o el carbón en plantas generadoras de electricidad.
Reacciones de organizaciones ambientalistas
Abigail Dillen, presidenta de Earthjustice, criticó severamente a la administración Trump en un comunicado de prensa, acusándola de poner en riesgo la salud, la seguridad y la economía del país al desatender su deber constitucional de enfrentar el cambio climático. Dillen señaló que múltiples cortes judiciales han reafirmado la obligación legal de la EPA de regular la contaminación climática y calificó la resolución como contraria a la ley, la ciencia y la realidad de los desastres naturales cada vez más intensos.
La dirigente ambiental anunció que su organización, junto con aliados estratégicos, presentará demandas judiciales contra el gobierno federal para revertir esta decisión. En redes sociales, el expresidente Barack Obama declaró que esta derogación dejará a los ciudadanos estadounidenses "más expuestos, con menor salud y sin herramientas adecuadas para enfrentar el cambio climático", beneficiando principalmente las ganancias de la industria de combustibles fósiles.
Argumentos de la administración Trump
La administración Trump defiende la derogación argumentando que el cambio climático no constituye un problema que el gobierno federal deba resolver prioritariamente. De hecho, la administración ha impulsado activamente un aumento significativo en la producción y quema de combustibles fósiles dentro de Estados Unidos, según reportes detallados de The New York Times.
La EPA ya ha derogado decenas de regulaciones ambientales impulsadas durante la era del expresidente Joe Biden (2020-2024), diseñadas específicamente para reducir la contaminación proveniente de escapes vehiculares, chimeneas industriales, pozos petroleros y gasíferos, entre otras fuentes contaminantes. La agencia afirmó en un comunicado oficial que esta medida generará ahorros económicos estimados en USD 1,3 billones para la economía estadounidense.
Según la EPA, la Resolución de Peligro de 2009 permitió imponer regulaciones excesivamente costosas —incluyendo mandatos sobre vehículos eléctricos durante los gobiernos de Obama y Biden— que encarecieron los automóviles y afectaron financieramente a familias y pequeñas empresas. Lee Zeldin, científico consultado por la administración Trump y actual administrador de la EPA, ha defendido públicamente la revocación de hallazgos científicos clave sobre cambio climático, argumentando que carecen de base sólida para justificar regulaciones federales estrictas.
Advertencias científicas y sociales
Zeldin enfatizó que esta decisión libera a la industria automovilística estadounidense de regulaciones "innecesarias" impuestas desde 2012, promoviendo simultáneamente el crecimiento económico mientras se mantienen estándares básicos de aire y agua limpios. El administrador afirmó categóricamente: "Si el Congreso no lo autorizó explícitamente, la EPA no debería hacerlo; si quieren regular gases de efecto invernadero, que lo conviertan en ley formal".
Según The Guardian, el grupo ambientalista Environmental Defense Fund advirtió que eliminar completamente la determinación de peligro, combinado con la propuesta de Trump de flexibilizar estándares para vehículos, podría generar hasta 18 mil millones de toneladas adicionales de emisiones contaminantes para 2055 —una cantidad comparable a las emisiones anuales totales de China— y ocasionar hasta USD 4,7 billones en costos adicionales relacionados con contaminación atmosférica e impactos climáticos.
Abigail Swann, científica atmosférica de la Universidad de Washington, afirmó a The New York Times que las evidencias acumuladas desde 2009 contradicen directamente la postura de Zeldin, quien sostiene que las advertencias sobre el peor escenario posible de ese año ya no son relevantes. Entre las pruebas contundentes se incluyen sequías más prolongadas, precipitaciones e inundaciones extremas, y incendios forestales más intensos, como los que devastaron Los Ángeles el año pasado.
Impacto en comunidades vulnerables
La nueva norma acarreará efectos devastadores particularmente para la clase trabajadora de Estados Unidos, advirtió Jason Walsh, director ejecutivo de BlueGreen Alliance, coalición que agrupa sindicatos y grupos ambientalistas, en declaraciones a The Guardian. "Los multimillonarios como Donald Trump no padecen directamente la destrucción climática", enfatizó Walsh. "La gente trabajadora, las comunidades marginadas y las poblaciones vulnerables sí lo hacen, cargando desproporcionadamente con las consecuencias de estas decisiones políticas".
Esta decisión regulatoria ocurre en un contexto global donde múltiples países intensifican sus compromisos climáticos, mientras Estados Unidos retrocede en protecciones ambientales establecidas durante más de una década. La comunidad científica internacional ha expresado preocupación unánime sobre las implicaciones de esta medida para los esfuerzos globales de mitigación del cambio climático.
