El Caribe colombiano es el corazón de la transición energética del país, no es casualidad que la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles se haya celebrado en Santa Marta. Durante décadas, La Guajira y el Cesar concentraron cerca del 85% de la extracción de carbón nacional, dejando a su paso conflictos por el agua, territoriales y ambientales, y disputas irresueltas sobre quién asume los costos y quién se queda con los beneficios. Una región clave en la exportación de carbón para la generación de energía de otros países, pero donde las comunidades han tenido dificultades de acceso.
El epicentro de las renovables
Hoy, el Atlántico y La Guajira se consolidan como el epicentro de las energías renovables. Sin embargo, el riesgo es que la transición reproduzca la misma lógica y desigualdades que dejó el extractivismo de fósiles. Esa preocupación no es abstracta. Desde hace varios años, Dejusticia ha acompañado las discusiones de transición energética en La Guajira a través de investigaciones construidas junto al pueblo Wayuu, organizaciones locales y académicos de la región.
Investigaciones que revelan dinámicas
En trabajos como Transición energética justa para La Guajira y Voces Wayuu del Agua y el Viento hemos documentado la forma en que la transición energética reproduce dinámicas ya conocidas: decisiones tomadas lejos del territorio y beneficios concentrados en actores corporativos, mientras los costos ambientales y culturales recaen sobre las comunidades. La Guajira soporta así nuevas presiones extractivas en nombre de la descarbonización que profundizan las desigualdades históricas en lugar de transformarlas.
Tensiones jurídicas y políticas
Estas tensiones no son únicamente sociales y ambientales, son también jurídicas y políticas. Tal como lo señalaron Indepaz, el Centro de Empresas y Derechos Humanos, la Universidad del Magdalena y la línea de Justicia Económica de Dejusticia en la conferencia en Santa Marta, el derecho a la energía, pensado para garantizar acceso digno, hoy es usado para justificar proyectos que se presentan como parte de una transición justa, pero que, diseñados e impuestos desde afuera, pueden reproducir concentración económica y presión sobre los territorios. Defender la justicia energética implica evitar que se vacíe de contenido y se convierta en una etiqueta de legitimación.
En el Caribe colombiano estas tensiones adquieren una dimensión concreta. La cuestión central es quién y cómo se decide el rumbo de la transición. Una transición justa es la que garantiza el derecho de acceso a la energía de las comunidades locales alrededor de los proyectos, distribuye los beneficios, establece responsabilidades claras y pone la autonomía territorial y la protección del ambiente en el centro de las decisiones. Implica también reparar las deudas y daños que dejó el modelo anterior.
Sin participación real y una idea amplia de justicia —humana, ecológica, cultural, energética y espiritual—, no puede haber una transición justa. Solo así la transición energética podrá ser algo más que una promesa evitando reproducir las desigualdades que pretende corregir.
*Director académico ambiental de Dejusticia.
*Investigadora de la línea ambiental de Dejusticia.
