Contraloría pone bajo la lupa contrato para recuperar corales de San Andrés por presuntas irregularidades fiscales
La Contraloría General de la República ha centrado su atención en un contrato clave para la recuperación de los corales de San Andrés, tras detectar presuntas irregularidades fiscales que podrían comprometer el uso adecuado de los recursos públicos y la sostenibilidad de los trabajos ambientales en el archipiélago. Según la entidad, las deficiencias en la ejecución y supervisión del contrato aumentan significativamente el riesgo de detrimento patrimonial.
Hallazgos millonarios en auditoría a CORALINA
En una auditoría de cumplimiento realizada a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), el ente de control identificó hallazgos por $4.642 millones durante la vigencia 2023-2024. El foco principal de las observaciones se concentra en un contrato interadministrativo suscrito el 28 de noviembre de 2023 entre CORALINA y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta), cuyo objetivo era evaluar la pérdida de tejido de coral pétreo y recolectar muestras para un proyecto de recuperación de estos ecosistemas estratégicos.
Inconsistencias en estructuración y ejecución del contrato
De acuerdo con la Contraloría, en este contrato se determinó un hallazgo administrativo con connotación fiscal por $3.000 millones, derivado de múltiples inconsistencias. Entre los problemas identificados se encuentran:
- Fallas en los estudios previos y ausencia de especificaciones técnicas.
- Debilidades en la definición de los requerimientos necesarios para las actividades.
- Falta de claridad en la logística, como el número de embarcaciones requeridas.
- Omisiones en la cantidad de insumos y materiales, como ungüentos y amoxicilina.
Estas deficiencias generaron incertidumbre sobre las necesidades reales del contrato y afectaron la trazabilidad de su valor estimado. Además, la auditoría evidenció la existencia de ítems no ejecutados que, pese a ello, fueron objeto de pago. Por ejemplo, se contrataron biólogos que debían ser vinculados por el contratista, pero fueron asumidos por la propia Corporación, lo que generó inconsistencias en la distribución de responsabilidades y en los desembolsos.
Pagos cuestionados y gastos no contemplados
Otro de los hallazgos tiene que ver con la inclusión de gastos no contemplados en los estudios previos, como un vuelo y acomodación desde Bahamas, lo que refuerza las dudas sobre la coherencia entre la planeación inicial y la ejecución contractual. En total, se identificaron pagos por $1.949 millones en diversos servicios que presentan inconsistencias o carecen de soporte suficiente. La Contraloría concluyó que en el contrato se registraron desembolsos por $3.000 millones correspondientes a ítems no ejecutados, no soportados o con irregularidades, elevando el riesgo de detrimento patrimonial.
Debilidades estructurales en la gestión contractual
En total, el ente de control estableció 20 hallazgos administrativos, de los cuales ocho tienen connotación fiscal, 15 presentan posible incidencia disciplinaria y dos podrían tener implicaciones penales. Según la Contraloría, estos hechos reflejan "graves debilidades en la planeación, supervisión y ejecución contractual", así como fallas en los mecanismos de control y seguimiento. Estas situaciones no solo comprometen la adecuada administración de los recursos públicos, sino que también afectan directamente proyectos ambientales de alto valor estratégico, como la recuperación de los arrecifes coralinos del archipiélago, ecosistemas clave para la biodiversidad y la sostenibilidad de la región.
