ANLA inicia proceso sancionatorio contra Urrá por sobrepasar niveles de seguridad en embalse
ANLA sancionará a Urrá por sobrepasar niveles de seguridad en embalse

Autoridad ambiental colombiana busca sancionar a hidroeléctrica Urrá por presuntas irregularidades operativas

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha anunciado formalmente la apertura de un procedimiento sancionatorio en contra de la empresa URRÁ S.A. E.S.P., tras identificar un patrón recurrente de incumplimiento en las reglas de operación establecidas para el embalse Urrá I. Según los informes técnicos de la entidad, desde el año 2020 hasta el presente 2026 se han documentado múltiples episodios donde se superó significativamente la Curva Guía Máxima, que representa el nivel crítico que garantiza un volumen de seguridad adecuado ante posibles crecientes y eventos hidrológicos extremos.

Historial de incumplimientos documentados desde 2020

"Desde 2020 hasta lo corrido de 2026, durante periodos consecutivos y prolongados, fueron sistemáticamente sobrepasados los valores establecidos en la Curva Guía Máxima", declaró la ANLA mediante un comunicado oficial. La autoridad ambiental ha remitido a la empresa operante un total de seis conceptos técnicos detallados, donde se advierten graves inconsistencias operacionales y riesgos ambientales significativos asociados al mantenimiento del embalse por encima de los volúmenes recomendados para garantizar la seguridad de las comunidades aledañas.

Patrones de incumplimiento en 2024 y 2025

Los sistemas de monitoreo implementados por la ANLA durante el año 2024 evidenciaron que aproximadamente el 20% de todas las mediciones realizadas incumplieron los parámetros establecidos en la Curva Guía Máxima. Un caso particularmente alarmante se registró durante el mes de agosto de ese mismo año, cuando el volumen del embalse se mantuvo persistentemente por encima del límite máximo autorizado de manera sostenida durante un período prolongado.

Esta preocupante situación se repitió durante el año 2025, cuando los técnicos de la ANLA documentaron una superación cercana al 20% respecto de los valores de referencia establecidos. Durante el segundo semestre de 2025, el porcentaje de incumplimiento escaló hasta alcanzar el 30,6% del tiempo total evaluado, según los registros oficiales de la autoridad ambiental.

En un concepto técnico emitido específicamente en diciembre de 2025, los expertos de la ANLA concluyeron que estos sobrepasos recurrentes "se explican en mayor medida como una decisión operativa deliberada y no como una respuesta excepcional de contingencia frente a eventos naturales de crecientes", lo que agrava sustancialmente la responsabilidad de la empresa operadora.

Consecuencias directas en comunidades de Córdoba

La directora general de la ANLA, Irene Vélez Torres, afirmó categóricamente que estos incumplimientos operativos han tenido consecuencias humanitarias directas en las comunidades afectadas por la emergencia ambiental registrada en el departamento de Córdoba. "Cientos de familias completas, que han perdido irreversiblemente sus hogares y sus medios tradicionales de sustento, no fueron notificadas de manera oportuna sobre los riesgos inminentes y actualmente están siendo atendidas en albergues temporales con condiciones de habitabilidad claramente inadecuadas", aseguró la funcionaria durante sus declaraciones.

Vélez Torres enfatizó además que el Plan de Emergencia y Contingencia de la empresa "no puede convertirse bajo ninguna circunstancia en un simple protocolo administrativo ni en una mera formalidad burocrática; debe traducirse necesariamente en acciones operativas responsables y efectivas que permitan salvar vidas humanas ante un desastre ambiental como el ocurrido recientemente".

Alerta extendida a otros embalses nacionales

La directora de la ANLA advirtió adicionalmente que, según los últimos reportes del sistema nacional de monitoreo, seis embalses estratégicos del país se encuentran actualmente en alerta roja por condiciones operativas similares. La autoridad hizo un llamado urgente a todos los operadores de estas infraestructuras hidráulicas para que activen de manera inmediata, oportuna e integral sus respectivos planes de contingencia, con el objetivo fundamental de prevenir nuevas emergencias ambientales y proteger a las comunidades vulnerables ubicadas en las zonas de influencia directa de estos cuerpos de agua.