El mapa ambiental de Santander se reconfigura con una nueva medida de protección. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible oficializó la creación de una zona de reserva temporal en el Páramo de Almorzadero, un ecosistema que abarca desde municipios como Piedecuesta y Tona hasta Silos y Chitagá en el departamento de Norte de Santander.
Detalles de la declaratoria
Un total de 151.000 hectáreas de ecosistema que conforman el Páramo de Almorzadero, ubicado entre Santander y Norte de Santander, fueron declaradas como zona de reserva de recursos naturales por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La medida tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por dos años adicionales.
Esta decisión responde a las peticiones de los campesinos del páramo, quienes protestaron en octubre de 2024 por la aplicación de la ley de delitos ambientales. Dicha ley afectaba de manera especial a los agricultores del Páramo de Almorzadero, pues no se tenían en cuenta cientos de hectáreas de zonas que podrían ser cultivadas.
Objetivos de la zona de reserva
La medida busca proteger la biodiversidad y restringir las actividades mineras en esta zona, sin afectar las actividades agrícolas y pecuarias tradicionales de las comunidades campesinas. Según explicó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la decisión no modifica los usos del suelo vigentes ni impide las actividades agrícolas, pecuarias y turísticas que ya se realizan en el páramo.
“Se reconocen y protegen las actividades tradicionales de las comunidades campesinas, garantizando las pequeñas actividades de agricultura y ganadería”, expresó la autoridad ambiental.
Área protegida y municipios involucrados
El Páramo de Almorzadero está ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, en la Cordillera Oriental. La zona protegida cubre 17 municipios de ambos departamentos y, en la parte sur del páramo, conecta con los complejos de páramo del Cocuy, Santurbán y Berlín.
En Santander, el Páramo de Almorzadero abarca los municipios de Carcasí, El Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Málaga, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda, San Miguel, Santa Bárbara, Tona y Piedecuesta. Igualmente, parte de su extensión se encuentra en los municipios de Chitagá, Labateca y Silos, en Norte de Santander.
Antecedentes en la región
No es una iniciativa nueva en Santander. El 3 de marzo de 2025, el Ministerio de Ambiente emitió la resolución número 0221 que dio vida a la zona de reserva temporal ambiental de Soto Norte, en el área de influencia del Páramo de Santurbán. Según el documento, en los próximos dos años, en 75.000 hectáreas de la provincia de Soto Norte, en Santander, incluida Bucaramanga, no se podrá hacer minería de extracción de oro y plata.
De esta área, 23.929 hectáreas, que corresponden al 31,5 % de la zona de reserva temporal, incluyen 57 títulos mineros de pequeña, mediana y gran minería, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería.
Los municipios que integran esta zona de reserva temporal son Matanza (22.659 hectáreas), Suratá (25.871 hectáreas), California (3.496 hectáreas), Vetas (1.890 hectáreas), Tona (5.884 hectáreas), Charta (11.283 hectáreas) y Bucaramanga (4.925 hectáreas). El Ministerio de Ambiente aclaró que durante este proceso no se permitirán nuevas concesiones ni licencias ambientales en esta zona.
Impacto en las actividades económicas
El Ministerio de Ambiente también precisó que el acto administrativo que declara las zonas de reserva ambiental temporal solo tendrá efectos sobre actividades de minería. En consecuencia, no se alterarán los demás usos del suelo permitidos y determinados en los instrumentos de ordenamiento territorial. Es decir, las actividades agrícolas, pecuarias, turísticas, viales, de salud, educación, financieras y demás podrán continuar con normalidad.
La decisión del Ministerio de Ambiente busca proteger las cuencas hidrográficas que provienen del Páramo de Santurbán y que integran los municipios de Charta, Vetas, Rionegro, Bucaramanga, California, Cáchira, Floridablanca, Lebrija, Piedecuesta, Suratá, Girón, Matanza, El Playón y Tona, en una extensión de 285.596 hectáreas. Debido a la minería ilegal, estas quebradas y ríos han sido contaminados con mercurio.
