En una escuela del sur de Madrid, cuando las clases han terminado, un aula conserva su bullicio. Los roles parecen invertidos: afuera, los niños esperan jugando; adentro, los adultos, sentados en sillas pequeñas, debaten entre papeles y computadores. Este grupo, que se reúne dos veces por semana, tiene una misión: asesorar a los migrantes que buscan acogerse a la regularización extraordinaria, la medida del Gobierno de España que permitirá a cientos de miles de migrantes llegados antes del 1 de enero de 2026 y sin antecedentes penales normalizar su estatus legal. Los voluntarios, miembros de la comunidad escolar, tanto españoles como extranjeros, se han interiorizado del proceso con ayuda de una abogada para asistir a los migrantes.
Apoyo en las escuelas y parroquias
Nacho García, de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de la institución, explicó que el objetivo es “acompañar a gente que está perdida” y ayudarles a “ordenar la información, pedir la cita si le resulta difícil y, en última instancia, podemos ir con la persona a presentarlo físicamente”. Olga Lucía Marín, colombiana llegada hace un año a España, ya realizó su solicitud junto a su esposo e hijos, y ahora apoya a otros solicitantes que “no tienen los medios económicos o el conocimiento sobre el proceso”. “Esta familia que hemos hecho acá nos ha servido como un apoyo para saber cuál es el paso a seguir. Nosotros hemos sido ejemplo de cómo se hace el proceso y por eso estamos acá para apoyar a las personas que necesiten ayuda”, afirmó. García considera que brindar esta asistencia es parte de la misión de la escuela: “Es tan vital que tengan eso resuelto, para que sus hijos estén cómodos y tranquilos, que nos hemos organizado para apoyarnos entre las familias. Porque no venimos solo a aprender, venimos a convivir”.
En la parroquia Nuestra Señora de la Concepción de Ciudad Lineal, en el noreste de Madrid, existe Oasis, un grupo de acogida para migrantes. Doris Castillo coordina esta organización, creada hace más de diez años, que cada sábado recibe a migrantes que necesitan “un espacio para compartir, sentirse escuchados, resolver dudas”. Abrió un día adicional para brindar asesorías sobre la regularización extraordinaria “para que tengan toda la información de primera mano y, sobre todo, verídica”. Castillo destaca que “esto es un proceso de voluntarios. Somos más de 10 personas y muchas, casi todas, también migrantes que aparte de venir a participar, tienen mucho que aportar”. “Hay una realidad muy dura, de muchísima gente que está viviendo en España desde hace muchos años y, además, está trabajando, pero no puede acceder a un contrato, tampoco puede aportar. Entonces, es necesario que ellos estén regularizados para que puedan aportar de forma legal en el país”, apuntó.
Asesoría legal gratuita contra la desinformación
En uno de los salones del complejo parroquial, una veintena de personas forma un círculo alrededor de Diego Bonil Vaca, abogado colombiano radicado hace 18 años en España y experto en extranjería, que atiende dudas de forma gratuita. La charla se desvía por las preguntas particulares, reflejo de la ansiedad por no cumplir a tiempo con la presentación, cuyo plazo culmina el 30 de junio. Con calma, él atiende las consultas y afirma que prestar este servicio “es un tema de convicción” y de “empatizar” porque “yo soy migrante y he sufrido en carne propia este proceso”. También lo ve necesario para combatir la “mucha desinformación” que “las redes sociales se han prestado muchísimo, dando pie a mucha confusión y preocupación”. “En la extranjería, además, tristemente hay mucho intrusismo. Hay personas que falsamente hacen servicios de extranjería. Hay gente muy desaprensiva y que engaña a las personas. Por mi mesa de trabajo han pasado miles de personas explotadas, engañadas”, señaló.
Una de las tretas comunes de los estafadores es pedir dinero por trámites gratuitos, como el empadronamiento, el certificado de vulnerabilidad o la simple petición de una cita. María Isabel Leyva Quintanilla, peruana de 51 años, espera acceder a la regularización para “poder trabajar y ayudar más a mi familia”. Contó que le pidieron de 300 a 500 euros por un empadronamiento y que había “perdido todas las esperanzas” por la complejidad de su caso: al intentar solicitar sus antecedentes penales, las autoridades peruanas le dijeron que “no existe” en la base de datos. Tras la charla, “creo que al menos tengo una oportunidad, tengo que ir a la Embajada de Perú para ver si hay la posibilidad de sacar mis papeles”.
Expectativas y contexto de la regularización
En los grupos de atención se observó una mayoría de inmigrantes latinoamericanos, lo que no es casualidad: según Funcas, cerca del 90 % de las 840.000 personas migrantes en situación irregular en España provienen de América Latina, con Colombia, Perú, Honduras y Venezuela a la cabeza. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, señala que compartir idioma y cultura facilita la integración, lo que considera un “activo de la sociedad y la economía española”. La regularización divide a los españoles: una encuesta de 40dB muestra que un 37,6 % apoya la medida y un 33 % la rechaza, con opiniones polarizadas según la ideología. La oposición política, especialmente el Partido Popular y Vox, ha criticado la medida, y la Policía Nacional ha advertido sobre falta de personal y que solo se pidan antecedentes judiciales, no policiales.
Pese a las dudas, el sector empresarial ha celebrado la iniciativa. Torres indica que muchas personas que solicitarán la regularización “ya están trabajando de manera irregular”, por lo que al normalizar su situación podrán “cotizar a la seguridad social, pagar impuestos”, y se creará “una competencia mucho más leal” para las empresas que contratan legalmente. “No olvidemos que España se ha beneficiado de la incorporación de mano de obra, particularmente extranjera, estos últimos años”, subrayó.
Historias de migrantes que buscan regularizarse
Todos los migrantes consultados remarcaron que conseguir un contrato de trabajo formal es uno de sus principales objetivos. Luis Santiago Carlos Rojas, peruano que estudió Derecho y Administración, llegó a España en agosto de 2024 y solo ha conseguido empleos temporales con “hasta 18 horas seguidas y una paga muy escasa”. “Esto me parece una puerta muy buena para todos nosotros que queremos formalizar, que venimos a trabajar y a echarle para adelante”, subrayó. Su esposa, Naomi Barrueto Buques, que estudió un máster en Neurociencia con beca y luego se quedó al vencerse su permiso de estudiante, afirmó que es más difícil para los hombres obtener trabajos irregulares, mientras que las mujeres suelen emplearse en cuidados o tareas del hogar. “Con esto de la regularización espero también poder desempeñarme en lo que me gusta”. Olga Lucía Marín, ingeniera industrial en Colombia, espera “tener un trabajo con el que pueda tener la seguridad de que a fin de mes llego, que me alcanza, que tengo tiempo para mí, para mis hijos, y no estar en la incertidumbre de todos los días”.
