Transferir bienes a terceros en divorcio: una estrategia que no protege según la ley colombiana
En Colombia, muchas personas enfrentando procesos de divorcio recurren a una práctica común pero riesgosa: transferir propiedades y activos a nombre de familiares o terceros, creyendo que así los protegerán de la liquidación de la sociedad conyugal. Sin embargo, expertos en derecho familiar advierten que esta estrategia puede resultar ineficaz ante los tribunales.
La sociedad conyugal: un patrimonio común automático
La sociedad conyugal se constituye automáticamente cuando se celebra un matrimonio formal o cuando una pareja cumple dos años de convivencia bajo la figura de unión marital de hecho. Desde ese momento crucial, todos los bienes adquiridos durante la relación pasan a integrar ese patrimonio común, sin importar a nombre de quién estén registrados oficialmente.
El abogado especializado Camilo Salinas explica claramente esta situación: "Pilas, porque si su esposo compró una casa y la puso a nombre de la mamá, eso no le quita sus derechos, porque si se adquirió durante el matrimonio con plata de la sociedad conyugal, la casa se presume de ambos, así esté a nombre de un tercero".
Lo que realmente importa: el origen de los recursos
En términos jurídicos colombianos, lo relevante no es únicamente quién figura como titular en la escritura o documento de propiedad, sino el origen fundamental de los recursos con los que se adquirió el bien. Si se demuestra mediante pruebas contundentes que fue comprado con dinero perteneciente a la sociedad conyugal, el inmueble o activo se presume legalmente de propiedad de ambos miembros de la pareja.
Quedan excluidos únicamente los bienes propios, es decir:
- Aquellos que cada persona tenía antes de iniciar la relación conyugal
- Los bienes recibidos por herencia directa
- Las propiedades obtenidas mediante donación específica
La figura clave: la simulación y sus consecuencias
La figura jurídica central en estos casos es la simulación de transferencias. Si uno de los cónyuges logra probar mediante evidencia documental y testimonial que la transferencia a nombre de un tercero fue una maniobra deliberada para sacar bienes del patrimonio común, puede acudir a la justicia para que se reconozca su derecho sobre ese activo y se incluya dentro del proceso de liquidación.
Este procedimiento implica necesariamente un proceso judicial donde deberán presentarse pruebas concluyentes sobre:
- El origen específico del dinero utilizado para la adquisición
- La intención real detrás del traspaso a terceros
- La temporalidad de la transferencia en relación con el conflicto conyugal
Alternativas legales recomendadas
Para prevenir disputas futuras y brindar seguridad jurídica, los especialistas recomiendan acudir a mecanismos formales establecidos por la ley colombiana:
Capitulaciones matrimoniales: Este instrumento legal permite establecer reglas claras y anticipadas sobre la administración, uso y eventual distribución de los bienes en caso de separación. Las capitulaciones ofrecen certidumbre y evitan interpretaciones conflictivas posteriores.
Asesoría jurídica especializada: Más que recurrir a atajos informales que pueden terminar en litigios prolongados y costosos, los expertos enfatizan la importancia de buscar orientación profesional desde etapas tempranas de la relación o al inicio de conflictos.
Conclusión: protección real versus falsa seguridad
Así, aunque algunos crean erróneamente que registrar bienes a nombre de familiares es una fórmula eficaz para evitar repartirlos en un divorcio, la ley colombiana contempla mecanismos robustos para proteger los derechos patrimoniales de ambas partes. La justicia colombiana ha demostrado repetidamente que prioriza la equidad y el origen de los recursos sobre las formalidades registrales cuando existe evidencia de maniobras simuladas.
La recomendación final de los expertos es clara: utilizar herramientas legales formales, documentar adecuadamente todas las transacciones y buscar asesoría profesional brinda mucha más seguridad que estrategias informales que, lejos de proteger, pueden complicar significativamente los procesos de liquidación patrimonial.
