Recorte presupuestal sostenido a la Defensoría desde 2024 amenaza el sistema de defensores públicos
La Defensoría del Pueblo enfrenta una crisis fiscal sin precedentes debido a un recorte presupuestal sostenido que comenzó en 2024, poniendo en grave riesgo el sistema de defensores públicos que atiende a cientos de miles de colombianos sin recursos para pagar un abogado particular.
Una década de crecimiento truncada abruptamente
Desde 2010, la Defensoría había mantenido un flujo constante de recursos con los incrementos presupuestales anuales correspondientes, permitiendo el fortalecimiento progresivo de sus operaciones. Sin embargo, esta tendencia positiva se revirtió drásticamente en 2024, iniciando un descenso escalonado y preocupante tanto en el rubro de funcionamiento como en el de inversión.
La defensora Iris Marín ha alertado que esta situación ya generó consecuencias concretas: "El recorte presupuestal para 2026 impidió que el Ministerio de Hacienda girara los recursos para el pago de más de 5.000 contratistas, entre ellos los defensores públicos, quienes terminaron recibiendo el pago de diciembre hasta enero".
Las cifras que preocupan a la Rama Judicial
Los números evidencian la magnitud del problema:
- 2024: $1,27 billones asignados a la Defensoría
- 2025: Caída a $1,25 billones
- 2026: Reducción a $1,19 billones
- 2027: Proyección de apenas $1,06 billones
La situación es particularmente crítica en el rubro de inversión: para 2026 apenas hay disponibles $85.000 millones, y para 2027 esta cifra caería a $66.000 millones si se mantiene la decisión gubernamental.
Impacto directo en el sistema judicial y los derechos humanos
Los defensores públicos son piezas fundamentales para el funcionamiento del sistema judicial colombiano. Sin su labor, cientos de miles de procesados sin recursos económicos quedarían sin representación legal, lo que paralizaría progresivamente los procesos judiciales en un sistema que ya opera al límite de su capacidad.
Marín advierte con preocupación: "Para 2027, la Defensoría del Pueblo tendrá apenas el 40% de los recursos de inversión que tenía en 2024 y el 89% de los de funcionamiento. Se trata de un recorte significativo que impacta distintos frentes de atención de la entidad".
Esta reducción presupuestal ocurre en un contexto particularmente delicado, donde la Defensoría debe hacer seguimiento a la situación de derechos humanos de las comunidades en medio de un escenario de agudización del conflicto armado y deterioro de la situación humanitaria en varias regiones del país.
Alertas desde la Rama Judicial y gestiones en curso
Diversas entidades de la Rama Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia, han manifestado su preocupación por esta crisis fiscal que amenaza el funcionamiento de una institución clave para la operación del sistema de justicia.
Según información conocida, se adelantan gestiones y acercamientos entre distintos funcionarios judiciales para alertar sobre la necesidad urgente de garantizar los recursos mínimos que permitan a la Defensoría cumplir con su mandato constitucional.
Las estadísticas judiciales reflejan la importancia crítica de este sistema: en promedio, el 7,5% (4.596 personas) con detención preventiva en 2024 recuperó su libertad por vencimiento de términos, cifra similar a los 4.700 casos registrados en 2023.
El retraso en los pagos de diciembre pasado fue apenas el primer campanazo de alerta de una crisis que, de no atenderse oportunamente, podría tener consecuencias irreparables para el acceso a la justicia de los colombianos más vulnerables y para el propio funcionamiento del Estado de derecho en el país.
