Procurador delegado enfrenta solicitud de cambio en investigación por saqueo a la UNGRD
La Procuraduría General de la Nación recibió hace 24 horas un oficio formal solicitando el cambio del delegado del Ministerio Público que actúa en el proceso de investigación que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La solicitud se dirige específicamente contra el procurador delegado de intervención 3, Henry Francisco Bustos Alba, quien viene actuando en este caso de alto impacto.
Denuncias sobre alegatos con errores fundamentales
Fuentes internas de la Procuraduría confirmaron a EL TIEMPO que en una de las intervenciones de Bustos Alba, documentada en los cuadernos del expediente, el funcionario hace referencia a pruebas testimoniales practicadas que supuestamente demostrarían la participación de los investigados. Sin embargo, según la información a la que accedió este diario, estas referencias incluyen a seis personas específicas: un funcionario del Ministerio de Hacienda llamado Carlos Rodríguez, una asesora del Congreso de nombre Andrea Torres, una contratista vinculada al proyecto en El Carmen de Bolívar llamada Diana Rodríguez, y otros dos testigos no identificados.
El penalista Andrés Garzón, quien representa a la congresista Karen Manrique, asegura tras un minucioso estudio del expediente que ninguna de estas seis personas rindió declaración en el caso, ni siquiera aparece mencionada en los documentos oficiales. "Se le estaría atribuyendo por parte del procurador delegado un valor probatorio a unos elementos inexistentes que están siendo utilizados para acusar a mi cliente", afirmó el abogado con preocupación.
Más irregularidades en los argumentos presentados
Garzón agregó que tampoco es cierto que alguno de los testimonios citados haya confirmado reuniones entre su representada y Olmedo López, quien fuera director de la UNGRD durante los hechos investigados. Además, el abogado señaló que se tomaron fuera de contexto algunas palabras de declaraciones y se incluyeron referencias a personas como Jorge Martínez, quien no figura en el expediente como testigo, indiciado, funcionario o tercero interviniente.
En el escrito presentado por Garzón se destaca otro aspecto polémico: en los alegatos del procurador Bustos Alba se sugiere de manera preliminar el uso de inteligencia artificial, lo que según el abogado estaría "en contravía de lo dispuesto en normas, y en sentencias de la Corte Constitucional".
Respuesta institucional y procedimientos en curso
EL TIEMPO estableció que el apoderado de otro de los implicados, el penalista Jesús Albeiro Yepes, quien representa a Juan Pablo Gallo, ya había solicitado previamente a la Corte que se certificaran algunos de esos testimonios cuestionados. Ante las consultas de este diario, altas fuentes de la Procuraduría manifestaron que los expedientes de cada caso específico son de manejo autónomo y personal de cada delegado.
Las mismas fuentes confirmaron que ya se radicó formalmente la solicitud para el cambio de delegado. "El jefe de delegados penales es competente y deben responder la petición para evaluación del despacho y decidir lo que piden. Es muy frecuente cambiar los delegados que actúan ante cortes y asignar casos a otros del mismo rango y competencia", explicaron desde la entidad de control.
Este medio intentó comunicarse con el procurador delegado Henry Francisco Bustos Alba para conocer su versión sobre las acusaciones, pero no fue posible establecer contacto. La investigación sobre el saqueo a la UNGRD continúa su curso mientras se resuelve esta solicitud de cambio que podría afectar significativamente el desarrollo del proceso judicial.
