Presidente Gustavo Petro multado por incumplir orden judicial de retractación
El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá ha impuesto al presidente de la República, Gustavo Petro, una sanción económica equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que representa más de 8 millones de pesos colombianos. Esta decisión judicial responde al incumplimiento o desacato de un fallo de tutela que ordenaba al mandatario retractarse públicamente de comentarios realizados en contra del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.
Origen del conflicto: señalamientos presidenciales
El conflicto se remonta a 2023, cuando el fiscal Burgos lideraba la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente, por presuntas irregularidades financieras en la campaña presidencial de 2022. En ese contexto, el presidente Petro se refirió públicamente al fiscal como "narcofiscal", acusándolo sin pruebas de:
- Presuntos nexos con el narcotráfico
- Proteger a implicados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci
- Actuar sin respetar la presunción de inocencia
Estas declaraciones motivaron la interposición de una tutela que alegaba vulneración de los derechos fundamentales del fiscal Burgos. Tanto un juez de primera instancia como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmaron que las palabras del presidente habían afectado el buen nombre, honra, dignidad e integridad personal del funcionario.
Retractación insuficiente y nueva sanción
En respuesta a la orden judicial, el presidente Petro publicó un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter) donde:
- Reconoció que el fiscal Burgos goza de presunción de inocencia
- Aseguró que sus manifestaciones eran "juicios de valor y opiniones críticas"
- Mencionó una "tensión institucional" generada por órdenes judiciales
Sin embargo, el juzgado consideró que esta retractación fue insuficiente y distorsionaba el propósito original de la sentencia. En documento fechado el 27 de febrero de 2026, se señaló que el presidente no había cumplido cabalmente con lo ordenado, a pesar de:
- Recibir auto de cumplimiento el 16 de diciembre de 2025
- Realizar alocuciones los días 29 de diciembre de 2025 y 14 de enero de 2026
- Convocar un Consejo de Ministros el 19 de enero de 2026
El núcleo del conflicto, según el fallo, radica en que las declaraciones presidenciales sugerían que el fiscal Burgos había "eliminado o desaparecido a Sebastián Marset del expediente de investigación", afectando gravemente su reputación profesional.
Implicaciones y contexto institucional
Este caso se enmarca en un contexto de tensiones institucionales entre el gobierno y órganos de control. La investigación contra Nicolás Petro, que inicialmente estaba en manos del fiscal Burgos, fue posteriormente asignada a la fiscal Lucy Laborde, añadiendo complejidad al proceso.
La multa impuesta al presidente Petro establece un precedente significativo sobre la obligatoriedad de cumplir órdenes judiciales, independientemente del cargo que se ocupe. El fallo enfatiza que "tampoco se ha realizado la rectificación conforme a lo ordenado en la red social 'X'", subrayando la importancia de cumplir integralmente con las disposiciones judiciales.
Este desarrollo judicial ocurre mientras otros procesos relevantes avanzan en el país, incluyendo investigaciones contra congresistas y decisiones del Consejo de Estado sobre nombramientos en empresas estatales, reflejando el dinámico panorama institucional colombiano.
