Presidente Gustavo Petro enfrenta sanción económica por incumplir orden judicial de retractación
El mandatario colombiano, Gustavo Petro, recibió una sanción económica equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por desacato a un fallo de tutela que le exigía retractarse públicamente de afirmaciones realizadas en contra del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño. Este último fue el encargado de la captura e investigación judicial de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República.
Decisión judicial del Juzgado 54 Administrativo de Bogotá
La providencia, emitida el 27 de febrero de 2026 por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., responde a una acción legal promovida directamente por el fiscal Burgos. En el documento se confirma el incumplimiento flagrante de lo ordenado en la sentencia de tutela del 28 de agosto de 2025, decisión que posteriormente fue ratificada el 30 de septiembre del mismo año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La magistrada Patricia Salamanca Gallo fungió como ponente en este proceso de confirmación, estableciendo así un precedente jurídico sobre la obligatoriedad de acatar las órdenes judiciales, incluso para las más altas autoridades del Estado.
Antecedentes del caso y petición del fiscal
El fiscal Burgos, representado por su apoderado judicial, solicitó formalmente la apertura de un incidente de desacato mediante memorial radicado el 5 de septiembre de 2025. Los fundamentos de esta petición se basaron en el incumplimiento sistemático por parte del presidente Petro de la orden judicial que le exigía rectificar sus declaraciones públicas contra el funcionario judicial.
En los antecedentes de la providencia se lee textualmente: "De acuerdo con el sustrato fáctico y normativo traído a colación, se hace necesaria su intervención para que se declare el desacato por parte del Presidente de la República, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, por el incumplimiento de lo ordenado en sentencia de tutela del 29 de agosto de 2025."
Contexto de las afirmaciones y la investigación de Nicolás Petro
El juzgado examinó minuciosamente el cumplimiento de la orden judicial relacionada específicamente con retractaciones frente a señalamientos públicos realizados por el jefe de Estado contra el fiscal Burgos. Dichas declaraciones se enmarcaron en el contexto de la investigación que este último adelantó contra Nicolás Petro, caso que ha generado amplia controversia política y mediática en el país.
Según publicaciones periodísticas, uno de los mensajes difundidos por el presidente Petro cuestionaba abiertamente: "¿Y por qué la Fiscalía colombiana deja este caso en la impunidad? Bueno, averigüemos quién fue el fiscal en el caso Pecci, incluso, quién fue el fiscal en el caso de mi hijo, pero no hablo de mi hijo porque dije que no me iba a ensuciar las manos por él, pero es lo mismo. ¿Y quiénes fueron los investigadores en ambos casos? ¿Y por qué fueron arrestados?"
Implicaciones jurídicas y políticas de la sanción
Esta decisión judicial establece varios precedentes significativos:
- Reafirma la obligatoriedad del cumplimiento judicial para todas las autoridades, sin excepción alguna por su cargo o investidura.
- Consolida el principio de separación de poderes al sancionar al ejecutivo por interferir en asuntos judiciales.
- Demuestra la independencia del poder judicial colombiano frente a presiones políticas de alto nivel.
- Establece un mecanismo de control sobre declaraciones públicas de autoridades que puedan afectar procesos judiciales en curso.
La multa impuesta, aunque simbólica en términos económicos para un presidente en ejercicio, representa una sanción moral y jurídica significativa que podría tener repercusiones en el clima político nacional y en la percepción pública sobre el respeto a las instituciones judiciales.
