Fallo judicial protege a comunidad cartagenera de proyecto vial con peajes prolongados
Este 3 de marzo de 2026, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena emitió un fallo histórico sobre la demanda de acción popular presentada por el Distrito en 2021 contra la adjudicación de la Asociación Público Privada (APP) Corredor Portuario. Este proyecto de infraestructura vial, cuya financiación dependía del recaudo de seis peajes -cuatro existentes y dos nuevos que operarían durante tres décadas-, ha sido objeto de intenso debate desde su concepción.
Antecedentes del conflicto administrativo
La resolución de adjudicación original fue emitida por el exalcalde Pedrito Pereira Caballero en 2019, suscribiendo el contrato de concesión sin recursos públicos a KMA Concesiones por un valor superior a 1 billón de pesos. Sin embargo, con el cambio de Administración Distrital, el exalcalde William Dau manifestó su rechazo al proyecto y presentó la demanda de acción popular, que posteriormente recibió el apoyo de la Veeduría Ciudadana a la Rama Judicial de Cartagena y la Asociación de Transportadores de Carga de Bolívar.
Ahora, cuatro años después, el juez ha decidido amparar los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y al interés general, considerando que el proyecto como está planteado no resulta conveniente para la comunidad cartagenera. Además, hizo un llamado explícito al Distrito de Cartagena y a KMA para que se abstengan de continuar, reiterar o persistir en concesiones con características semejantes.
Argumentos centrales del fallo judicial
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena señaló que en la estructuración de los pliegos de condiciones del proyecto no se evidenció una ponderación real y suficiente de los intereses de la comunidad, la cual ha manifestado de manera reiterada su oposición al establecimiento de peajes en la ciudad.
"La decisión de contemplar la instalación de cinco peajes y uno de control -seis en total- por un término de 30 años, con una proyección económica cercana a los 2 billones de pesos, impone una carga prolongada y significativa sobre la población", establece el documento judicial de manera contundente.
De igual manera, según el magistrado, tampoco se demostró que la Administración Distrital haya explorado "de manera seria y suficiente" alternativas menos lesivas para la comunidad, como:
- Esquemas tarifarios diferenciados
- Reducción del número de peajes
- Mecanismos de compensación social
- Modelos de financiación mixta para distribuir la carga de manera equitativa
"La adopción de seis peajes por tres décadas aparece como una opción gravosa sin que se demuestre y constituya la única alternativa viable para alcanzar el objetivo propuesto", afirmó el juez en su consideración.
Orden judicial para futuros procesos
En la sentencia, el Juzgado estableció directrices específicas para el Distrito de Cartagena y KMA en procesos futuros:
- Incorporar de manera expresa el análisis de impacto socioeconómico sobre la población afectada
- Garantizar la conveniencia social del proyecto mediante evaluaciones alternativas menos lesivas
- Implementar mecanismos efectivos de participación ciudadana para una deliberación real y sustancial
- Cumplir con criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad en la estructuración de proyectos
Finalmente, el Juzgado ordenó conformar un comité de vigilancia para verificar el cumplimiento de la sentencia y compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las investigaciones del caso con relación a la adjudicación del proyecto en el año 2019.
Detalles del proyecto cuestionado
El proyecto del Corredor Portuario de Cartagena, presentado como iniciativa privada por la firma KMA, contemplaba ambiciosas obras de infraestructura:
- Construcción de la Quinta Avenida de Manga
- Intervención de más de 66 kilómetros de vías
- 7 intersecciones a nivel y a desnivel
- 4 kilómetros de puentes
- 2,2 kilómetros de ciclorrutas
Sin embargo, el fallo judicial ha puesto en evidencia que la justificación social del cobro de peajes por 30 años estaba más en la necesidad de financiar el proyecto que en una demostración robusta de equidad distributiva, desvirtuando así la conveniencia social de la iniciativa según la perspectiva judicial.
