Procuraduría llama a juicio disciplinario a gerente de empresa de acueducto en Guaviare
La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos disciplinarios contra Luis Orlando Castro Acosta, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare (Empoaguas), por presuntamente no cumplir con el perfil técnico exigido para el cargo que ocupa desde enero de 2024.
Formación académica bajo cuestionamiento
Según el pliego de cargos expedido por el Ministerio Público, el manual de funciones de Empoaguas establece claramente que quien ocupe la gerencia debe acreditar formación profesional en áreas técnicas específicas como ingeniería ambiental, sanitaria, civil, industrial o química, o contar con estudios de posgrado directamente relacionados con el sector de agua y saneamiento.
Sin embargo, al revisar los soportes académicos presentados por Castro, la Procuraduría encontró que sus títulos corresponden a especializaciones en gestión de agronegocios y en derecho del medio ambiente. Aunque estas formaciones están vinculadas al mundo rural y temas ambientales, el ente de control considera que no encajan en el perfil técnico exigido para dirigir una empresa encargada de operar servicios esenciales de agua potable y alcantarillado.
Experiencia profesional con inconsistencias
El segundo punto señalado por la Procuraduría se refiere a la experiencia profesional reportada por el funcionario. Castro había indicado más de dos años como director técnico de Asoproagro, entre septiembre de 2018 y septiembre de 2020, periodo que sería clave para cumplir con el tiempo mínimo requerido.
No obstante, al contrastar la información, el órgano de control descubrió que su rol como director técnico estaba asociado a un convenio específico entre el Instituto Sinchi y la asociación, cuyo alcance temporal iba únicamente de septiembre de 2018 a septiembre de 2019. Esto representa un año menos de experiencia de lo reportado originalmente.
Responsabilidad en la revisión de documentos
La investigación también se extendió a Miguel Arroyo Arroyo, quien en ese momento se desempeñaba como secretario Administrativo y de Desarrollo Social del municipio de San José del Guaviare. Según la Procuraduría, Arroyo tenía entre sus responsabilidades la revisión de los documentos previos a la posesión del gerente.
Para el ente disciplinario, su rol no era accesorio, ya que habría avalado la hoja de vida sin advertir las inconsistencias que hoy están bajo cuestionamiento, permitiendo así que Castro asumiera el cargo sin reunir plenamente los requisitos establecidos.
Proceso investigativo y cargos formulados
La investigación comenzó formalmente en junio de 2025 con la apertura de una indagación previa. Dos meses después, en agosto del mismo año, la Procuraduría dio el paso hacia la investigación formal, recopilando certificaciones, contrastando documentos y evaluando la correspondencia entre requisitos y soportes presentados.
Con este material, el despacho concluyó que había mérito suficiente para formular cargos, planteando esencialmente dos posibles fallas que deberán examinarse en la fase de juzgamiento:
- El acceso a la gerencia sin reunir las condiciones técnicas requeridas
- La validación administrativa de ese nombramiento
El problema de fondo, según la hipótesis disciplinaria, no es solo que el gerente pudiera no cumplir con el perfil exigido, sino que aun así accedió al cargo y fue posesionado, generando dudas sobre la efectividad de los mecanismos de control en la designación de funcionarios para cargos clave en entidades de servicios básicos.
Cuestionamientos sobre el proceso de selección
La situación plantea interrogantes fundamentales sobre cómo se revisan los perfiles de los aspirantes antes de asumir responsabilidades en entidades públicas estratégicas. La pregunta que queda abierta es si lo ocurrido fue resultado de:
- Una revisión deficiente de los documentos presentados
- Una presentación estratégicamente ajustada para cumplir requisitos formales
- Fallas en los mecanismos de verificación de información
Este caso destaca la importancia de garantizar que quienes ocupan cargos directivos en empresas de servicios públicos esenciales, como las encargadas del suministro de agua potable, cuenten efectivamente con la formación y experiencia técnica necesaria para desempeñar funciones que impactan directamente en la calidad de vida de las comunidades.
