DNI exige claridad sobre situación jurídica de director suspendido por presuntos vínculos con disidencias
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha elevado una solicitud formal a la Procuraduría General de la Nación para que precise la situación jurídica de Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la entidad, quien fue suspendido provisionalmente hace tres meses en medio de una investigación disciplinaria por presuntos nexos con alias "Calarcá", señalado jefe de disidencias de las Farc.
Falta de definición legal genera incertidumbre institucional
En un comunicado oficial, la DNI manifestó que, tras cumplirse el término inicial de la suspensión, no existe claridad sobre si la medida fue prorrogada o si, por el contrario, se profirió una decisión de fondo. "Esta dirección elevó una solicitud a la Procuraduría para precisar el alcance de dicha medida, específicamente, si la suspensión fue prorrogada en los términos del artículo 217 del Código General Disciplinario, o si se ha proferido una decisión absolutoria o de archivo", señaló la entidad.
La DNI agregó que, hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del ente de control, lo que impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del investigado. Esta falta de definición formal dificulta determinar la situación administrativa de Mejía mientras avanza la investigación disciplinaria.
Origen de las investigaciones y señalamientos
El nombre de Wilmar Mejía salió a la luz pública a través de un informe periodístico de Caracol Televisión que lo vinculó, junto con el general Juan Miguel Huertas, como supuesto colaborador de la estructura criminal de "Calarcá". Según las investigaciones, se habría propuesto a ese grupo la creación de una empresa de seguridad para facilitar su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales.
Estos elementos fueron hallados tras el análisis de dispositivos electrónicos incautados a alias "Calarcá" el 23 de julio de 2024, durante un operativo realizado en el municipio de Anorí, departamento de Antioquia. Tanto Huertas como Mejía han rechazado categóricamente todos los señalamientos en su contra.
Cronología de la suspensión y próximos pasos
La suspensión impuesta por la Procuraduría fue inicialmente decretada el 27 de noviembre y posteriormente confirmada el 23 de diciembre. Con el cumplimiento del plazo de tres meses establecido, la DNI asegura que requiere una definición formal para proceder administrativamente mientras continúan las investigaciones disciplinarias.
La entidad de inteligencia colombiana enfatizó la necesidad de contar con una respuesta pronta y clara por parte del órgano de control para garantizar la transparencia del proceso y la correcta aplicación de las normas disciplinarias vigentes en el país.
