Fiscalía solicita imputación contra Juliana Guerrero por títulos fraudulentos en la Universidad San José
Este lunes 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación radicó formalmente una solicitud de imputación y medida de aseguramiento domiciliaria contra Juliana Guerrero y el secretario general de la Universidad San José, por su presunta participación en el escándalo de títulos fraudulentos que ha conmocionado al país.
Los cargos y las medidas solicitadas
La entidad acusadora solicita imputar a los investigados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, relacionados directamente con la expedición irregular de diplomas académicos. La medida de aseguramiento domiciliaria busca garantizar la presencia de los implicados durante el desarrollo del proceso penal.
Origen y escalada del caso
El punto de partida de esta investigación se remonta a la aspiración de Guerrero para ocupar el cargo de viceministra de las juventudes en el Ministerio del Interior. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza descubrió que en los registros oficiales no aparecían los resultados de Guerrero en la Prueba Saber Pro, examen obligatorio para la graduación universitaria.
Esta anomalía abrió la puerta a una investigación más profunda que reveló múltiples inconsistencias:
- La ausencia total de registro en las bases de datos del Icfes confirmó que Guerrero nunca presentó el examen Saber Pro.
- La hoja de vida presentada contenía discrepancias significativas en el tiempo de experiencia profesional declarado.
- La Universidad San José procedió a la anulación de los títulos universitarios otorgados irregularmente.
Nuevas revelaciones y alcances del escándalo
En desarrollo de la investigación, Pedraza reveló información crucial: Guerrero habría realizado pagos por valor de ocho millones de pesos para obtener los títulos fraudulentos, según facturas validadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Las consecuencias institucionales han sido inmediatas y contundentes:
- La Universidad San José destituyó al secretario general involucrado en el caso.
- El nombramiento de Guerrero como viceministra fue revocado automáticamente al anularse sus credenciales académicas.
- El Ministerio de Educación abrió una investigación administrativa para determinar responsabilidades y garantizar la legalidad en los procesos de titulación.
Supervisión de la Procuraduría General
La Procuraduría General de la Nación ha ejercido su función de control y requirió formalmente al Ministerio de Educación información detallada sobre las medidas preventivas y correctivas implementadas. El organismo de control busca "garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación de Educación Superior San José".
Este caso ha generado un amplio debate público sobre la integridad de los procesos de titulación universitaria y la veracidad de las credenciales presentadas por funcionarios públicos, poniendo en evidencia posibles fallas en los mecanismos de verificación previos a nombramientos de alto nivel.
