Condena histórica contra exmagistrado por corrupción en altas esferas judiciales
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso este viernes una condena de 123 meses y un día de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, encontrándolo culpable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio. El tribunal determinó que el exmagistrado utilizó su posición privilegiada para organizar y dirigir una red criminal que manipulaba procesos judiciales a cambio de sumas millonarias de dinero.
Captura internacional y multa millonaria
Junto con la sentencia, la Corte ordenó la captura internacional inmediata de Bustos a través de una circular roja de Interpol, negándole cualquier beneficio de libertad condicional o prisión domiciliaria. Además, le impuso una multa de $133.738.170 como sanción económica complementaria.
La providencia judicial detalló cómo la organización operaba como una verdadera empresa delictiva en las más altas esferas de la justicia colombiana. El tribunal estableció que Bustos se alió con el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, el togado Gustavo Enrique Malo Fernández y abogados litigantes como Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla.
Objetivo claro: parlamentarios investigados
El objetivo principal de esta red criminal era abordar a parlamentarios procesados en única instancia por la Corte Suprema, ofreciéndoles beneficios procesales ilegales a cambio de sobornos. Entre las ventajas ofrecidas se encontraban:
- Archivos de investigaciones
- Autos inhibitorios
- Preclusiones de procesos
- Dilación de trámites judiciales
- Bloqueos en la expedición de órdenes de captura
Sobornos millonarios de la parapolítica
En el expediente se documentaron pagos específicos de congresistas investigados por sus nexos con el paramilitarismo. Los senadores Musa Besaile y Álvaro Antonio Ashton pagaron $2.000 millones y $1.200 millones, respectivamente, para desviar las investigaciones que cursaban en el despacho del entonces magistrado Gustavo Malo.
El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, convertido en testigo estrella, relató con detalle el funcionamiento de la red. "Cóbrele 1.200.000.000 de pesos que es para un archivo, ya yo he hablado con él", detalló Moreno sobre las exigencias a Ashton, explicando que "Pacho se encargaba de hablar con el magistrado y ese era el compromiso".
Presiones y exigencias directas
La organización ejercía presión constante sobre sus víctimas. Moreno advirtió al congresista Besaile que el caso de un colega suyo ya había derivado en cárcel y le recalcó que "tenía problema y que si no se ponía las pilas iba a terminar muy mal".
Ante la millonaria exigencia y la falta de resultados inmediatos, el excongresista reaccionó exigiendo garantías directas de las cabezas de la red, señalando tajantemente que "yo quiero hablar es con el dueño del circo, no con los payasos".
Distribución del dinero ilícito
Aunque el exmagistrado Bustos intentó desmarcarse de las actuaciones del grupo, la Corte probó una cercana relación con Moreno Rivera, evidenciada en reuniones a altas horas de la noche y negocios de vehículos. El tribunal estableció que los beneficios de la actividad criminal se distribuían en fajos de billetes y bienes suntuarios.
La justicia determinó que Bustos recibió de manos de Moreno $200 millones en efectivo, producto de los pagos ilícitos de los congresistas. Además, Moreno confesó que parte de los sobornos se destinó a lujos personales del togado.
"A veces se hacían compras, por ejemplo, yo recuerdo que al doctor Leonidas una vez me pidió un reloj", confesó el testigo. Este hecho fue respaldado por el empleado de la joyería Cartier, Yeison Ricardo Pérez, quien identificó plenamente a Bustos como el hombre "calvo y gordo" a quien Moreno llamaba "profe" durante la compra en efectivo de un reloj valorado en cerca de 43 millones de pesos.
Testimonios que revelaron la manipulación
El alto tribunal valoró múltiples declaraciones que dejaron al descubierto la manipulación sistemática de los expedientes. El exmagistrado auxiliar José Reyes Rodríguez Casas, quien investigaba la parapolítica en el despacho de Malo, relató cómo fue despedido por su insistencia en emitir órdenes de captura contra los clientes de la red.
"El caso de Álvaro Ashton está para abrir investigación", advirtió Reyes a su superior, revelando que su salida se dio porque no era funcional a los intereses del cartel. Rodríguez Casas detalló además el dominio interno de los implicados, puntualizando que "son como grupos, son ellos: Bustos, Malo y Francisco Ricaurte", evidenciando el bloque de poder que controlaba los fallos.
Apeticio voraz de la red criminal
De manera paralela, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons ilustró el voraz apetito de la red criminal. Lyons declaró que el exmagistrado Camilo Tarquino le exigió "veinte mil millones de pesos para que se le acabaran todos sus problemas jurídicos" en la Fiscalía, asegurándole irónicamente que no se preocupara porque Leonidas Bustos "tenía injerencia y poder suficiente para resolver su tema".
Defensa desestimada por la Corte
Durante la fase de juicio, Bustos argumentó su absoluta inocencia alegando que las pruebas de la Fiscalía fueron fabricadas, tildó de testigo falso a Moreno y aseguró que no existía lógica temporal en la factura del reloj Cartier.
Sin embargo, la Sala desestimó completamente sus justificaciones, validó las grabaciones obtenidas por la agencia estadounidense DEA y halló plena coherencia en el acervo probatorio. Aunque absolvió al procesado del delito de tráfico de influencias al no hallar evidencia directa de presiones sobre el entonces Fiscal General, mantuvo firme la condena por los otros delitos.
Consecuencias y medidas de reparación
La Corte concluyó que la conducta del exmagistrado causó un incalculable perjuicio reputacional a la justicia colombiana, agravado por su posición privilegiada como expresidente de la corporación. Como medida de restablecimiento del derecho, le ordenó difundir a su costa un resumen de la sentencia en medios de comunicación durante los próximos tres meses.
Finalmente, el tribunal ordenó compulsar copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía para rastrear los bienes que Bustos obtuvo como producto de las actividades ilícitas y solicitó investigar su presunta participación en otros casos de corrupción vinculados a la misma red criminal.
