Alerta máxima por posible pérdida de bienes incautados a organizaciones criminales
La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, ha emitido una alerta pública de alto riesgo sobre la posible pérdida de custodia estatal de aproximadamente 20.000 predios que fueron incautados a mafias y organizaciones criminales en Colombia. Según la entidad, estos bienes podrían salir de los registros estatales y retornar al comercio legal debido a complejidades jurídicas relacionadas con los procesos de extinción de dominio que los cobijan.
Un limbo jurídico que beneficia al crimen organizado
La situación crítica se origina porque, aunque miles de estos predios cuentan con medidas cautelares de embargo, aún no tienen una decisión definitiva de jueces de extinción de dominio. Esto significa que permanecen bajo custodia de la SAE mientras se define su futuro judicial, pero en un estado de vulnerabilidad legal que podría revertir años de esfuerzos contra el crimen organizado.
En particular, existen alrededor de 19.800 bienes inmuebles sobre los cuales la Fiscalía debe solicitar la extinción de medidas cautelares, dejándolos en un peligroso limbo jurídico y expuestos a ser reclamados nuevamente por sus antiguos propietarios vinculados a actividades ilícitas.
Respuesta coordinada de las entidades estatales
Ante esta alerta de máxima gravedad, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro respondieron mediante un comunicado conjunto oficial donde reconocen que la situación tiene su origen en una decisión provisional del Consejo de Estado que ha generado incertidumbre sobre el tratamiento registral de estas medidas.
Las tres entidades enfatizaron que respetan la decisión judicial y trabajan conjuntamente para atender sus implicaciones, asegurando que toda medida cautelar permanece activa mientras la autoridad judicial competente no disponga su levantamiento o el proceso no haya concluido mediante sentencia ejecutoriada.
Medidas inmediatas para proteger el patrimonio estatal
Entre las acciones concretas implementadas se encuentra la instrucción administrativa expedida por la Superintendencia de Notariado, mediante la cual se busca proteger los predios estableciendo explícitamente que "ningún registrador del país podrá levantar una medida cautelar por caducidad, sin antes agotar un proceso de verificación".
Por su parte, la Fiscalía General reveló que desde noviembre de 2025 ha adelantado reuniones de coordinación interna con la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con el objetivo de implementar acciones concretas que garanticen la efectividad de las medidas cautelares dentro de sus procesos activos.
Un llamado a la conciencia constitucional
En su comunicado conjunto, las entidades afirmaron: "Se exploran acciones judiciales dirigidas a obtener y precisar que el régimen general de caducidad de inscripciones registrales no es aplicable de manera automática a los procesos de extinción de dominio, atendiendo a la naturaleza imprescriptible e intemporal de esta acción constitucional".
Finalmente, realizaron un enérgico llamado a los Registradores de Instrumentos Públicos, Notarios y demás operadores jurídicos del país para que atiendan los lineamientos institucionales vigentes, comuniquen inmediatamente cualquier solicitud relacionada con la caducidad de inscripciones de medidas cautelares en procesos de extinción de dominio, y actúen con plena conciencia de los valores constitucionales que esta acción protege.
La situación representa no solo un retroceso potencial en la lucha contra el crimen organizado, sino también un golpe significativo a las finanzas del Estado, considerando que la SAE tiene capacidad para arrendar bienes sobre los que mantiene posesión bajo medidas cautelares, generando recursos para el erario público.
