Corte Suprema niega recurso de nulidad a David Name y Andrés Calle por escándalo de la Ungrd
La investigación tras el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha sido uno de los más grandes del gobierno de Gustavo Petro, marcando un hito en la lucha contra la impunidad en casos de alto perfil.
Decisión judicial ratifica llamado a juicio formal
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de nulidad interpuesto por las defensas de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle. Esta decisión confirma su llamado a juicio formal por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación, dentro del marco del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Simultáneamente, el tribunal decretó un nuevo paquete de pruebas testimoniales destinado a esclarecer las rutas financieras y los sobornos presuntamente entregados a cambio de impulsar las reformas del Gobierno Nacional. Este movimiento procesal busca profundizar en los detalles operativos del caso.
Debate judicial centrado en cuestionamientos de la defensa
El debate judicial se concentró en los argumentos presentados por los abogados de los excongresistas, quienes actualmente permanecen recluidos en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota. Los defensores habían interpuesto una seguidilla de recursos legales contra la orden de medida de aseguramiento.
El equipo legal del expresidente de la Cámara de Representantes detalló que la estructura probatoria del caso se fundamenta en la presunta recepción de 1.000 millones de pesos de Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Ungrd. Este dinero habría tenido como finalidad asegurar la supervivencia y aprobación del trámite legislativo de los proyectos de reforma pensional y de salud.
Según las acusaciones, la entrega del dinero se realizó directamente en el apartamento de Calle en Montería, estableciendo un vínculo físico con el presunto delito.
Argumentos de la defensa sobre transacciones con criptomonedas
Para desvirtuar estas acusaciones, que la representación legal del congresista catalogó como una retaliación directa de Olmedo López, la defensa argumentó que Pinilla realizó una transacción encubierta mediante el uso de criptomonedas. Este mecanismo habría tenido el propósito de evitar el traslado físico de billetes desde Bogotá.
El abogado del exlegislador sostuvo que esta operación digital no fue esclarecida durante la etapa de instrucción, pese a que su participación constituye un eslabón esencial en la hipótesis formulada por la Fiscalía. Además, cuestionó el principio de oportunidad firmado por el exsubdirector de la entidad.
El jurista aseguró que el deber de colaboración de Pinilla Álvarez implicaba una obligación legal de entregar toda la información relacionada con los hechos que lo vincularan con su representado, advirtiendo que un testimonio fragmentado impide conocer integralmente la verdad procesal.
Determinaciones de la Sala y nuevas diligencias
Frente a estos reclamos, la Sala de Primera Instancia rechazó anular las actuaciones, pero el magistrado Jorge Emilio Caldas consideró procedente avalar las citaciones al advertir que las facultades de defensa y la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción no se extinguen al cierre de instrucción.
Con esta determinación, el alto tribunal ordenó escuchar nuevamente las versiones de los ex directivos López y Pinilla. Además, convocó al exasistente de Calle, Juan David García, y a la exalta consejera para las Regiones Sandra Ortiz, figuras consideradas clave en la distribución del capital irregular.
Cronograma inmodificable para audiencia preparatoria
La práctica de estos interrogatorios se desarrollará de forma paralela a las diligencias inminentes, pues el despacho del magistrado Caldas fijó un cronograma inmodificable mediante un auto judicial. El documento ordena llevar a cabo la Audiencia Preparatoria prevista en el artículo 401 de la Ley 600 del 2000.
La sesión se realizará de manera virtual el jueves 5 de marzo a partir de las 2:15 pm, según el documento avalado por el secretario Rodrigo Ernesto Ortega. Durante ese encuentro no se realizará práctica probatoria alguna, estableciendo claramente los límites procesales de la diligencia.
El escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres continúa siendo uno de los casos más sonados en el gobierno actual, reflejando los desafíos institucionales en la prevención y sanción de la corrupción a alto nivel.
