Corte Constitucional ordena a Iglesia Católica entregar archivos secretos sobre abuso sexual
En una decisión sin precedentes para el periodismo investigativo y los derechos de las víctimas en Colombia, la Corte Constitucional ha emitido una sentencia que obliga a la Iglesia Católica a entregar sus archivos secretos relacionados con denuncias de abuso sexual. Este fallo, celebrado ampliamente por defensores de los derechos humanos, marca un avance significativo tras años de litigios, obstáculos institucionales y una notable resistencia por parte de las autoridades eclesiásticas.
Un largo proceso judicial culmina en una victoria clave
El periodista Juan Pablo Barrientos, quien ha liderado la investigación de estos casos, explicó durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30 que la decisión se encuentra contenida en la sentencia SU-184 de 2025. Este veredicto es el resultado de un extenso proceso judicial que se remonta a fallos anteriores que no fueron cumplidos por las autoridades eclesiásticas. El caso ganó fuerza en el año 2023, cuando Barrientos y su colega Miguel Ángel Estupiñán enviaron 137 derechos de petición a obispos y superiores religiosos en todo el territorio nacional.
Solo 17 de esas peticiones recibieron una respuesta completa, lo que llevó a los periodistas a interponer 120 acciones de tutela. De estas, lograron ganar 75, un volumen de acciones legales que finalmente motivó a la Corte Constitucional a revisar el caso y emitir una sentencia que obliga a toda la Iglesia Católica en Colombia a entregar la información solicitada.
Cifras alarmantes y dimensiones estructurales del abuso
Las cifras reveladas por Juan Pablo Barrientos son profundamente preocupantes. Con apenas el 13% de la información recopilada hasta el momento, se ha identificado una base de datos que incluye a 800 sacerdotes denunciados por abuso sexual. “Si esa tendencia se mantiene, estaríamos hablando de 4.000 sacerdotes denunciados en Colombia… no son casos aislados, es un sistema”, advirtió el periodista. Esta afirmación pone en evidencia la dimensión estructural del problema, sugiriendo que los abusos no son incidentes aislados sino parte de un patrón más amplio dentro de la institución.
Obstáculos legales y perspectivas de justicia
El camino hacia la justicia para las víctimas enfrenta importantes obstáculos legales. Aunque en Colombia los delitos sexuales dejaron de prescribir con la Ley 2081 de 2021, esta normativa no es retroactiva, lo que limita significativamente las posibilidades de judicialización de casos antiguos. “La Fiscalía los archiva porque ya prescribieron”, explicó Barrientos. Sin embargo, en el ámbito del derecho canónico, estos delitos no prescriben, lo que abre la puerta a procesos internos dentro de la Iglesia, principalmente enfocados en reparaciones económicas para las víctimas.
Intereses financieros y escepticismo sobre el liderazgo papal
Barrientos también señaló que el principal interés de la Iglesia en mantener estos archivos en secreto no es solo de carácter reputacional, sino también financiero. “Aquí están cuidando más la chequera… si se revelan, tendrán que reparar a las víctimas”, sostuvo, comparando la situación con casos en Estados Unidos donde diócesis enteras se declararon en bancarrota tras enfrentar demandas por abusos. Respecto al liderazgo del Papa León XIV, el periodista se mostró escéptico sobre posibles cambios. “No creo que vaya a haber ningún cambio… es un Papa muy clericalista”, afirmó. Además, cuestionó la utilidad de iniciativas como el envío de informes al Vaticano, ya que “toda esa información ya la tiene el Dicasterio para la Doctrina de la Fe”.
Impacto institucional y llamado urgente
A nivel nacional, la investigación ha comenzado a tener efectos institucionales concretos. Según Barrientos, la fiscal general Luz Adriana Camargo creó un grupo especial para investigar el “macrocaso” de abuso en la Iglesia, incluyendo posibles encubrimientos por parte de obispos. Finalmente, el periodista hizo un llamado urgente para garantizar que la Iglesia cumpla con la sentencia y entregue tanto los nombres de los sacerdotes denunciados como sus trayectorias. “En esos movimientos se pueden observar patrones de encubrimiento”, concluyó, subrayando la importancia de la transparencia para prevenir futuros abusos y asegurar justicia.
