Audiencia de imputación contra Juliana Guerrero es aplazada tras su inasistencia
La audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, señalada de obtener de forma irregular los títulos profesionales con los que aspiraba al Viceministerio de Juventudes en el gobierno de Gustavo Petro, no pudo realizarse este viernes debido a su ausencia. Mientras tanto, el secretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez, quien también estaba citado, asistió pero sin abogado defensor, lo que complicó el desarrollo del proceso judicial.
Nueva fecha fijada y cargos específicos
La nueva audiencia quedó programada para el 10 de marzo, donde la Fiscalía le imputará formalmente los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Según el expediente judicial, los títulos cuestionados son los de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, y las pruebas recopiladas indican que Guerrero nunca asistió a clases ni presentó las pruebas Saber Pro requeridas para su validación académica.
Origen del caso y evidencias documentales
El caso fue inicialmente destapado por la congresista Jennifer Pedraza, quien ha sostenido que facturas oficiales de la DIAN demuestran que Guerrero pagó cerca de 8 millones de pesos por los dos títulos. Estos pagos se realizaron casi un mes después de la fecha en que supuestamente se habría graduado, y los recursos habrían ingresado directamente a las cuentas oficiales de la universidad, generando serias dudas sobre la legitimidad del proceso.
Investigación ampliada y otros casos relacionados
La Fiscalía continúa investigando otros casos relacionados que han sido denunciados en los últimos días, expandiendo el alcance de la pesquisa más allá del ámbito académico. Paralelamente, la Contraloría General de Santander publicó un informe tras identificar irregularidades en dos contratos suscritos entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y Juliana Guerrero durante 2023 y 2024.
Irregularidades en contratos con la UIS
Los contratos en cuestión, identificados como el 306-2023 y el 113-2024, se enmarcaron dentro de un convenio interadministrativo entre la UIS y el Ministerio del Interior. Su propósito era brindar apoyo técnico y operativo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, un programa orientado al fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la prevención de conflictos.
Tras una auditoría detallada, el ente de control fiscal encontró deficiencias significativas en:
- La planeación de los acuerdos
- La ejecución de los recursos asignados
- La supervisión de las actividades comprometidas
- La documentación respaldatoria de los procesos
Hasta el momento, ni la UIS ni Juliana Guerrero han emitido un pronunciamiento oficial respecto al contenido del informe de la Contraloría, lo que añade más incertidumbre a un caso que ya acumula múltiples cuestionamientos.
