Retiro del ministro de Hacienda de la Junta del Banco de la República sería inconstitucional
La decisión del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, de retirarse de la Junta Directiva del Banco de la República tras el aumento de la tasa de interés a 11,25% ha generado un intenso debate constitucional. Aunque cuenta con el aval del presidente Gustavo Petro, expertos advierten que esta acción podría ser contraria a lo establecido en la Constitución de 1991.
Una obligación constitucional, no una opción
Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, explicó que la participación del ministro de Hacienda en la Junta del Emisor no es una opción, sino una obligación constitucional definida en el artículo 372. Este establece que el jefe de la cartera económica hace parte de la Junta y la preside, lo que implica un deber funcional ineludible.
"La ausencia del ministro puede interpretarse como contraria a la asignación de funciones establecida en la Carta Política", señaló Amorocho, quien calificó la situación como "una actuación personalísima" sin antecedentes desde la creación del Banco bajo el marco constitucional actual.
Coordinación macroeconómica en riesgo
El diseño institucional colombiano se basa en un esquema de pesos y contrapesos donde el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda deben actuar de manera coordinada. Esta articulación está respaldada por la Ley Orgánica del Presupuesto, que exige coherencia entre la política fiscal y la política monetaria.
Amorocho enfatizó que "la coordinación de la política macroeconómica" entre ambas entidades es un principio estructural del sistema económico colombiano. La ausencia del ministro en este contexto no solo tiene implicaciones formales, sino que puede debilitar la consistencia de las decisiones económicas en un momento de alta sensibilidad para la economía nacional.
Autonomía del Banco no comprometida
Sin embargo, el profesor aclaró que el episodio no compromete la autonomía del Banco de la República, ya que la decisión de subir la tasa de interés se tomó por mayoría, como lo establecen las reglas de la Junta, y por tanto es plenamente válida. "La autonomía del banco no se pierde... porque tomó una decisión por mayoría", subrayó.
Esta distinción resulta clave en el debate, ya que mientras algunos analistas han advertido sobre posibles efectos en la independencia del Emisor, el enfoque apunta a un problema distinto: el comportamiento institucional de uno de sus miembros. El sistema sigue funcionando, pero enfrenta tensiones en la forma en que se respetan sus reglas fundamentales.
Posibles efectos institucionales
El profesor también advirtió que, de repetirse este tipo de situaciones, podrían generarse efectos institucionales mayores. En ese escenario, la Junta Directiva del Banco de la República y los organismos de control tendrían que pronunciarse formalmente para establecer lineamientos claros sobre el cumplimiento de las funciones constitucionales del Ejecutivo en este órgano.
Consideró poco probable que el ministro deje de asistir de manera permanente, dado que se trata de un mandato constitucional de obligatorio cumplimiento. La eventual reiteración de la ausencia abriría un debate jurídico que obligaría a las autoridades a definir el alcance de esta conducta dentro del marco del derecho administrativo y constitucional.
Modelo híbrido colombiano bajo tensión
El episodio revive la discusión sobre el modelo institucional colombiano, donde a diferencia de otros bancos centrales en el mundo, el Ejecutivo sí hace parte del órgano decisor. Colombia optó por un esquema híbrido que combina autonomía técnica con presencia del Gobierno, un modelo que sigue siendo adecuado según los expertos.
"No es viable concebir un sistema de banca central en Colombia sin la participación del ministro de Hacienda, dado que ello implicaría romper el principio de coordinación entre política fiscal y monetaria, clave para la sostenibilidad económica del país", explicó Amorocho.
La Constitución de 1991 definió un equilibrio que ha permitido manejar distintos ciclos económicos durante más de tres décadas. La tensión actual, más que evidenciar una falla del modelo, pone a prueba su capacidad de resistir choques políticos. Así, el aumento de tasas del Banco de la República terminó abriendo una discusión más amplia sobre el respeto a las reglas del juego en la política económica colombiana.
