Gobierno de Petro decreta emergencia económica y social en Colombia
En la noche del 22 de diciembre de 2025, la Presidencia de la República hizo público el decreto número 1390 mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declara la emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Esta medida extraordinaria tendrá una duración inicial de 30 días, con la posibilidad de extenderse hasta un máximo de 90 días dentro del año calendario.
Documento con respaldo ministerial completo
El decreto, que consta de 20 páginas, cuenta con las firmas de absolutamente todos los ministros que conforman el gabinete presidencial. En el documento se enumeran ocho causas diferentes que justifican esta declaración de estado de excepción por parte del Ejecutivo.
La publicación se realizó alrededor de las 9:00 p.m., faltando poco más de una semana para que finalice el año 2025. Los ministros Armando Benedetti (Interior) y German Ávila (Hacienda) habían anticipado esta movida gubernamental desde la semana anterior.
Puerta abierta a nuevos impuestos y medidas
Con esta declaración, el Gobierno Nacional busca recaudar aproximadamente 16 billones de pesos para cubrir el déficit presupuestal proyectado para el próximo año. La medida permite al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley que incluyen:
- Establecimiento de nuevos tributos
- Modificación de impuestos existentes
- Medidas transitorias para conjurar la crisis económica
Estas disposiciones dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, según lo establecido en el decreto.
Fundamentos y cifras que sustentan la decisión
El Gobierno fundamenta la expedición del decreto en lo que califica como "una grave e inminente perturbación del orden económico y social" debido a una "coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente".
Entre los datos citados en el documento destacan:
- Déficit fiscal del Gobierno Nacional Central que ascendió al 6,7% del PIB en 2024
- Proyección de déficit del 7,1% del PIB para 2025
- Fracaso de dos proyectos de ley de financiamiento presentados durante el año
El Ejecutivo recordó que ambos proyectos de financiamiento, que incluían tributos de carácter progresivo, fueron negados en el Congreso de la República, mientras que las obligaciones sociales siguen siendo exigibles de manera inmediata.
Cuestionamientos de constitucionalidad
Desde diversos sectores políticos y gremiales han surgido críticas que apuntan a una posible inconstitucionalidad del decreto. La Constitución Política establece que los estados de excepción deben declararse para atender sucesos sobrevinientes e imprevistos, mientras que los hechos citados como justificación por el Gobierno eran conocidos y esperados.
Entre estos hechos se incluye específicamente el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, situación que el Ejecutivo conocía de antemano. Congresistas y representantes gremiales han solicitado formalmente a la Corte Constitucional que frene la implementación del decreto.
El magistrado del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, habría considerado convocar una sesión extraordinaria con el único propósito de determinar si la medida del Gobierno tiene justificación constitucional suficiente.
Reacciones y contexto político
La declaración de emergencia económica y social llega en un momento particularmente sensible del calendario político y económico nacional. La medida ha generado reacciones encontradas entre diferentes sectores de la sociedad colombiana, con especial preocupación por el impacto que puedan tener los nuevos tributos en la economía familiar y empresarial.
El decreto 1390 representa uno de los instrumentos más contundentes utilizados por el Gobierno Petro para enfrentar lo que describe como una crisis fiscal de proporciones significativas, marcando un punto de inflexión en la política económica del actual mandato presidencial.
