Gobierno peruano evalúa derogar decreto que abre Petroperú a capital privado
El mandatario interino de Perú, José Balcázar, está considerando seriamente la derogación de un decreto de urgencia que permite la participación de inversionistas privados en la reorganización patrimonial de la petrolera estatal Petroperú. Esta evaluación se produce en un contexto marcado por una profunda crisis financiera de la empresa y la proximidad de las elecciones presidenciales en el país andino.
Reunión con sindicato y análisis de la situación
La oficina de la presidencia peruana informó que, durante la tarde del martes, Balcázar sostuvo un encuentro con representantes del sindicato de trabajadores de Petroperú. En esta reunión se analizó detalladamente la compleja situación que atraviesa la compañía, la cual actualmente trabaja en la incorporación de capital privado para gestionar activos estratégicos.
Entre estos activos se encuentra la refinería Talara, cuya reciente modernización requirió una inversión aproximada de 6.000 millones de dólares. Según un mensaje publicado por la presidencia en la red social X, durante la cita "se evaluó la posible derogatoria del Decreto de Urgencia N° 010-2025 con el propósito de fortalecer a Petroperú frente al actual contexto de crisis energética global".
Decisión pendiente y contexto político
El presidente interino señaló que la situación de la empresa estatal continúa siendo objeto de análisis exhaustivo y que, en los próximos días, se adoptará una decisión definitiva al respecto. Balcázar, un legislador de izquierda designado por el Congreso peruano, asumió la presidencia en febrero tras la destitución de José Jerí, quien enfrentó un escándalo por reuniones no oficiales con empresarios chinos.
Representantes de Petroperú no estuvieron disponibles de inmediato para ofrecer comentarios sobre el anuncio presidencial. Esta posible derogación se enmarca en un escenario político sensible, con elecciones presidenciales en el horizonte y debates sobre el rol del Estado en la economía.
Antecedentes del decreto y crisis financiera
El decreto en cuestión fue aprobado por el gobierno anterior a finales del año pasado, estableciendo un marco para la reorganización patrimonial de Petroperú. La empresa estatal ha recibido del Estado peruano, de forma directa o indirecta, aproximadamente 17.880 millones de soles (equivalentes a unos 5.300 millones de dólares) durante los últimos tres años, recursos destinados a asegurar su operación continua.
La crisis financiera de Petroperú se ha profundizado en los últimos años, al punto que en 2022 perdió su grado de inversión por parte de las agencias calificadoras de riesgo. Esta degradación crediticia se debe principalmente a las elevadas deudas contraídas con bonistas y bancos privados para financiar la modernización de la refinería Talara, un proyecto de gran envergadura que ha generado tensiones financieras significativas.
La posible derogación del decreto representa un cambio de rumbo en la política energética peruana y refleja las presiones tanto internas como externas que enfrenta el gobierno interino. Los trabajadores de la empresa y sectores políticos han manifestado preocupación sobre la participación privada en activos estratégicos nacionales, mientras que analistas económicos advierten sobre la necesidad de soluciones financieras sostenibles para la petrolera estatal.
