La construcción de un estigma político en la Colombia contemporánea
En el panorama político colombiano de los últimos años, con especial intensidad durante los meses recientes, se ha consolidado una narrativa persistente impulsada desde el Gobierno nacional, el Pacto Histórico y sus precandidatos afines. Esta corriente discursiva mantiene una consigna clara y contundente: evitar a toda costa el regreso de la derecha al poder, presentándola sistemáticamente como la antítesis absoluta del progreso social y como la causa fundamental de todos los males que aquejan al país.
De postura política a acusación moral
Bajo este relato cuidadosamente construido, la derecha ha dejado de ser tratada como una postura política legítima dentro del espectro democrático para convertirse en una fuerza esencialmente destructora, de la cual el pueblo colombiano debe ser urgentemente "salvado". En Colombia se ha logrado algo verdaderamente insólito en términos políticos: transformar una posición ideológica en un estigma social de proporciones considerables.
Se ha promovido y difundido masivamente la idea de que pertenecer a la derecha —o simplemente manifestar desacuerdo con el proyecto oficialista— constituye casi un delito moral de graves consecuencias. La expresión "es de derecha" ha transitado desde una descripción política neutral hasta convertirse en una acusación cargada de connotaciones negativas. Pero debemos preguntarnos: ¿bajo qué lógica democrática puede sustentarse esta transformación?
Ser de derecha no constituye ningún delito en un estado de derecho. No es ilegal creer en los principios de la economía de mercado, defender el derecho a la propiedad privada o exigir que la autoridad estatal cumpla legítimamente su función de proteger a los ciudadanos. Tampoco lo es valorar la responsabilidad individual, reconocer el papel fundamental de la familia, considerar el mérito como motor de movilidad social o promover una solidaridad que combine apoyo social con oportunidades reales de progreso. Estos elementos constituyen precisamente la esencia del pluralismo democrático que debería caracterizar a nuestra sociedad.
La peligrosa simplificación del debate político
Lo que sí resulta profundamente peligroso para la salud democrática es instalar en el imaginario colectivo la idea de que quien no repite mecánicamente el libreto oficial se convierte automáticamente en un "enemigo del pueblo". Esta simplificación extrema reduce el debate político complejo a una caricatura moral maniquea: ellos representan exclusivamente el bien; los demás encarnan necesariamente el mal.
Sin embargo, el daño más profundo y duradero que ha generado la administración del presidente Gustavo Petro es la división deliberada y sistemática del país. Al fracturar artificialmente a la sociedad colombiana entre derecha e izquierda, entre ricos y pobres, ha resucitado una lucha de clases que solo genera resentimiento social y polarización estéril. En lugar de convocar a un gran pacto social donde todos los sectores tuvieran cabida y representación, decidió acusar de "depredadores" a quienes piensan diferente, autoproclamándose como el único intérprete válido de un "pueblo progresista" homogéneo.
Las consecuencias de la división para el desarrollo nacional
Un país profundamente dividido no puede prosperar de manera sostenible. El desarrollo integral no se logra tildando de "fascista" a todo ciudadano que disienta de la línea oficial. Estoy plenamente convencida de que la gran mayoría de los colombianos compartimos aspiraciones fundamentales: vivir mejor, acceder a oportunidades genuinas, disfrutar de seguridad ciudadana, contar con un sistema de salud funcional y recibir educación de calidad para nuestras generaciones futuras.
La diferencia esencial no radica en los objetivos últimos, sino en los caminos propuestos para alcanzarlos. ¿Se logra el bienestar general destruyendo el sector productivo o debilitando sistemáticamente la inversión? ¿Se alcanza mediante reformas que intentan arreglar un sector mientras devastan paralelamente otro? ¿O se consigue sentando a todos los actores relevantes a la mesa del diálogo para preguntar honestamente cómo hacemos para que todos ganen algo significativo y nadie lo pierda todo?
Hacia un proyecto nacional de equilibrio y consenso
Un proyecto serio y viable de país exige equilibrio político y social. Exige comprender profundamente que el empresario no es el enemigo natural del trabajador y que el crecimiento económico y la equidad social no son conceptos mutuamente excluyentes. Colombia necesita urgentemente menos trincheras ideológicas y más acuerdos fundamentales; menos insulto político gratuito y más construcción técnica rigurosa; menos épica revolucionaria retórica y más resultados concretos medibles.
Por estas razones fundamentales, de cara al futuro político inmediato, me gustaría escuchar de los candidatos presidenciales algo sustancialmente diferente. Desearía genuinamente escuchar propuestas concretas sobre cómo piensan unir al país en lugar de dividirlo; cómo generarán crecimiento económico sostenible con equidad social real; y cómo implementarán reformas estructurales sin destruir la confianza institucional. Gobernar democráticamente no consiste solamente en ganar una elección para imponerse sobre la otra mitad del electorado; gobernar con legitimidad significa lograr que incluso quienes no votaron por un mandatario sientan que hacen parte integral del proyecto nacional.
La erosión democrática y el camino hacia la reconstrucción
Esto, precisamente, es lo que más nos falta en el actual momento histórico. Porque cuando la política deja de ser debate racional y se convierte en condena moral indiscriminada, la democracia misma se erosiona progresivamente. Y este fenómeno debería preocuparnos seriamente a todos los ciudadanos, independientemente de nuestra filiación política.
Colombia no es una caricatura simplista de buenos contra malos, ni el futuro de una nación puede escribirse con el borrador amargo del resentimiento social. Las etiquetas políticas son inherentemente pasajeras y volubles, pero las instituciones sólidas y la convivencia pacífica constituyen lo único que nos permanece cuando los discursos ideológicos se apagan y la realidad cotidiana se impone con toda su complejidad.
Ha llegado el momento histórico de recuperar una práctica política donde pensar diferente sea considerado un valor democrático fundamental y no un estigma social. Porque la verdadera justicia social no nace de ganar una guerra política contra la otra mitad del país, sino de la capacidad colectiva de construir una nación donde todos, finalmente, sintamos genuinamente que tenemos cabida y participación.
