La paradoja de las herramientas: Creadas para construir, criticadas por destruir
La historia de la humanidad está marcada por momentos cruciales donde la creación de herramientas revolucionó nuestro desarrollo. Cuando el homo habilis comenzó a fabricar instrumentos para facilitar su trabajo, inició un proceso de transformación que permitió cultivar, construir y avanzar como especie. Entre esas primeras herramientas, el cuchillo emergió como un invento fundamental.
Hoy, el cuchillo tiene múltiples aplicaciones positivas: cortar alimentos para preparar recetas nutritivas, tallar madera en proyectos artesanales, realizar procedimientos quirúrgicos que salvan vidas, o incluso rescatar personas atrapadas en emergencias. Fue diseñado específicamente para hacer cortes suaves y precisos que facilitaran la existencia humana.
Cuando la herramienta se desvía de su propósito original
Sin embargo, como ocurre con cualquier instrumento, existen individuos que deciden utilizarlo para causar daño. El mismo cuchillo que prepara alimentos puede servir para amenazar, herir o incluso matar. A pesar de esto, ninguna persona en su sano juicio concluiría que el problema es el cuchillo en sí mismo. El verdadero problema radica en quien lo empuña con intenciones criminales, desvirtuando su propósito original.
Esta analogía resulta especialmente relevante cuando la trasladamos al ámbito de lo público y la gestión estatal. Hubo un momento histórico en que el Estado colombiano carecía de la capacidad financiera suficiente para ejecutar las inversiones que el país necesitaba urgentemente en infraestructura, servicios públicos y equipamientos esenciales.
El nacimiento de las herramientas asociativas
Para resolver este déficit crónico, se diseñaron instrumentos jurídicos y financieros que permitieran asociar capital público y privado. Así surgieron figuras como:
- Las concesiones viales
- Las alianzas público-privadas (APP)
- Los fondos mixtos de inversión
- Las empresas de economía mixta
El propósito de estas herramientas era claro y noble: garantizar el cumplimiento de obligaciones públicas aprovechando la versatilidad, el músculo financiero, la eficiencia operativa y la capacidad de ejecución del sector privado. Estas figuras no surgieron con intenciones delictivas, sino para cerrar brechas de desarrollo, acelerar proyectos estratégicos y mejorar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos.
El impacto positivo de las alianzas bien ejecutadas
Gracias a estos mecanismos asociativos, Colombia ha podido construir:
- Carreteras que conectan regiones aisladas
- Aeropuertos que dinamizan la economía regional
- Hospitales que salvan vidas diariamente
- Sistemas de servicios públicos que mejoran el bienestar colectivo
Proyectos que, de otra manera, habrían requerido décadas para su ejecución, o simplemente nunca se habrían materializado por limitaciones presupuestales del Estado.
La costumbre de culpar al instrumento, no al instrumentador
Lamentablemente, en el contexto colombiano se ha adoptado la peligrosa costumbre de culpar a la herramienta cuando algunos actores deciden utilizarla para delinquir. Criticar los esquemas asociativos entre el sector público y privado por el mal uso que ciertos individuos les han dado representa una reacción cómoda pero profundamente equivocada.
Esta postura es equivalente a culpar al cuchillo por las acciones del asesino, ignorando que el problema real reside en la intención criminal de quien lo maneja. Conviene recordar un dato crucial: muchos de los grandes desfalcos en obras públicas han ocurrido dentro de procesos formalmente correctos, publicados en el SECOP y tramitados bajo los estrictos parámetros de la Ley 80 de Contratación Estatal.
El problema fundamental: Valores antes que formularios
El problema, por tanto, no siempre reside en la figura jurídica utilizada. El verdadero desafío está en la intención de quienes manipulan los procesos, direccionan contratos ilegítimamente y traicionan la confianza pública depositada en ellos. En estos escenarios de corrupción, tan responsable es quien paga sobornos como quien los recibe, independientemente del instrumento contractual empleado.
Nuestra sociedad enfrenta un problema más profundo que el diseño de sus herramientas administrativas: es un problema de valores éticos y formación ciudadana. Si no somos capaces de formar ciudadanos íntegros, profesionales honestos y servidores públicos comprometidos, ningún esquema contractual por más sofisticado que sea será suficiente para prevenir la corrupción.
El camino correcto: Fortalecer, no destruir
En lugar de destruir instrumentos útiles que han demostrado su eficacia en múltiples proyectos exitosos, la sociedad colombiana debería concentrar sus esfuerzos en:
- Fortalecer los mecanismos de transparencia en la contratación
- Mejorar los sistemas de control y vigilancia ciudadana
- Promover una cultura de integridad desde la educación básica
- Garantizar sanciones ejemplares para los corruptos
La solución no pasa por eliminar las alianzas público-privadas, sino por no criar más bandidos que las utilicen para fines ilícitos. La culpa de los desfalcos no la tiene el cuchillo institucional, sino quienes lo empuñan con manos sucias. Las herramientas bien utilizadas construyen naciones; mal utilizadas, las destruyen. El reto está en asegurar que siempre prevalezca el primer escenario.
