Gobierno decreta emergencia económica en ocho departamentos por fuertes lluvias
El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró oficialmente la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país, con el objetivo principal de enfrentar los efectos devastadores de las fuertes lluvias que han golpeado especialmente la región de la costa norte colombiana.
La medida quedó formalmente establecida mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, expedido durante la noche del miércoles, y tendrá una vigencia inicial de 30 días calendario. Esta declaratoria otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para responder con rapidez a la crisis climática.
Departamentos afectados por la emergencia
Los ocho departamentos que quedan cobijados por esta declaratoria de emergencia son:
- Córdoba
- Antioquia
- La Guajira
- Sucre
- Bolívar
- Cesar
- Magdalena
- Chocó
La declaratoria busca específicamente atender y mitigar los efectos del invierno, que ha provocado afectaciones significativas en distintos territorios del norte del país, con inundaciones, daños en infraestructura y graves consecuencias para las comunidades locales.
Facultades extraordinarias del Gobierno
Con esta medida, el Ejecutivo nacional adquiere la capacidad de expedir decretos con fuerza de ley, lo que le permite adoptar decisiones extraordinarias para responder de manera efectiva a la emergencia climática. Aunque el decreto inicial no incluye todavía las medidas específicas que se implementarán, el Gobierno ha señalado claramente que se trata de acciones urgentes diseñadas para enfrentar los impactos sociales, económicos y ambientales derivados directamente de las intensas precipitaciones.
Esta declaratoria se produce después de que el Gobierno advirtiera previamente que declararía un nuevo estado de emergencia si la Corte Constitucional no levantaba la suspensión del estado de emergencia económica que había sido declarado originalmente en diciembre del año anterior.
Antecedentes y contexto legal
El presidente Gustavo Petro había solicitado formalmente al alto tribunal que revocara esa suspensión, pero la decisión finalmente no prosperó, lo que llevó directamente a la expedición del nuevo decreto de emergencia. Este contexto legal subraya la complejidad administrativa y jurídica que rodea la implementación de medidas extraordinarias en situaciones de crisis nacional.
Medidas fiscales propuestas
Aunque el decreto de declaratoria no contiene aún las medidas concretas que se implementarán, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó públicamente que se establecería un impuesto al patrimonio dirigido específicamente a empresas con patrimonios superiores a $10.400 millones.
La tarifa propuesta inicialmente sería del 0,6% del patrimonio, pero aumentaría significativamente al 1,2% para patrimonios superiores a $31.424 millones. Esta iniciativa fiscal ya ha generado un rechazo considerable dentro del sector empresarial colombiano.
Reacción del sector empresarial
Bruce MacMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), advirtió públicamente que este gravamen reduciría significativamente la capacidad de inversión de las compañías afectadas, lo que podría traducirse directamente en un menor crecimiento económico para el país en su conjunto. La preocupación del sector privado se centra en el impacto potencial que estas medidas fiscales podrían tener sobre la competitividad empresarial y el clima de inversión en Colombia.
La emergencia declarada representa un esfuerzo gubernamental por coordinar recursos y acciones para mitigar los efectos de las lluvias, mientras se implementan medidas fiscales que han generado debate entre diferentes sectores de la sociedad colombiana.
