Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba proyecto que exige identificación estricta a votantes
El panorama electoral en Estados Unidos podría experimentar una transformación significativa tras la reciente aprobación en la Cámara de Representantes de la denominada ley SAVE (Safeguard American Voter Eligibility). Con una votación ajustada de 218 a favor y 213 en contra, esta iniciativa impulsada por el bloque republicano establece requisitos más rigurosos para el registro de votantes, argumentando la necesidad de proteger el sistema contra posibles fraudes por parte de personas no ciudadanas.
Detalles de la propuesta legislativa
La iniciativa, que ahora debe pasar al Senado para su discusión y posible ratificación, propone que los ciudadanos presenten documentos específicos como pasaporte o certificado de nacimiento al momento de registrarse para participar en los comicios electorales. Sin embargo, diversos sectores legislativos y organizaciones de la sociedad civil advierten que estas medidas podrían generar obstáculos administrativos significativos para millones de votantes legítimos, especialmente aquellos pertenecientes a grupos vulnerables.
Impacto desproporcionado en mujeres y comunidades rurales
Una de las principales preocupaciones manifestadas durante el debate legislativo es el efecto desproporcionado que la norma tendría sobre las mujeres estadounidenses. La práctica común en Estados Unidos de adoptar el apellido del esposo al contraer matrimonio genera una discrepancia directa con los certificados de nacimiento originales, creando un problema de validación de identidad.
Teresa Leger Fernández, representante demócrata de Nuevo México, señaló en rueda de prensa que la propuesta constituye "simple y llanamente, una supresión del voto que afectará especialmente a las mujeres". La legisladora subrayó que aproximadamente 70 millones de mujeres se encuentran en esta situación de cambio de nombre, lo que dificultaría sustancialmente su validación ante las nuevas exigencias documentales.
Según cifras del Centro Pew de Investigaciones, más de 140 millones de estadounidenses no poseen pasaporte y más de 69 millones de mujeres casadas carecen de un certificado de nacimiento que coincida con su nombre legal actual, lo que podría comprometer su derecho al voto.
Cambios operativos que afectan a grupos vulnerables
Además de las cuestiones de identidad, la ley SAVE introduce modificaciones operativas que impactan directamente a diversos grupos poblacionales:
- Se elimina la posibilidad de realizar el registro de votantes en línea, obligando a que el trámite sea exclusivamente presencial, afectando particularmente a residentes de zonas rurales que deben recorrer largas distancias.
- Se restringen las formas de identificación con foto aceptadas, excluyendo credenciales de estudiantes universitarios y algunas identificaciones tribales sin fecha de vencimiento.
- Se imponen limitaciones adicionales al voto por correo, método ampliamente utilizado en procesos electorales anteriores.
- Se establece el pasaporte como prueba predilecta de nacionalidad, pese a que millones de ciudadanos no lo poseen.
Debate sobre fraude electoral y seguridad
Desde la bancada republicana, la ley se defiende como una medida de "sentido común". El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, comparó el requisito con otros trámites cotidianos al declarar que los ciudadanos necesitan identificación para conducir o abrir cuentas bancarias, cuestionando por qué el acto de votar debería ser una excepción.
Por su parte, el expresidente Donald Trump ha manifestado su respaldo total a la normativa a través de sus redes sociales, instando a sus partidarios a luchar por su implementación como forma de "arreglar" el sistema electoral del país.
No obstante, los críticos de la ley SAVE sostienen que el fraude electoral por parte de no ciudadanos es estadísticamente insignificante y que la Constitución ya prohíbe explícitamente el voto de extranjeros no naturalizados.
Emilia Sykes, representante de Ohio, advirtió que la complejidad documental afectará especialmente a los ciudadanos de mayor edad, para quienes recuperar certificados de nacimiento antiguos representa un reto burocrático considerable.
Consecuencias para comunidades latinas y población LGBTQ+
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) ha emitido comunicados alertando sobre cómo la ley "afecta primero y con mayor fuerza a los latinos". Las discrepancias en bases de datos debido al uso de dos apellidos, guiones o tildes podrían ser motivo suficiente para bloquear el registro de ciudadanos naturalizados o nacidos en territorio estadounidense.
De igual manera, se ha señalado que las personas de la población LGBTQ+ podrían enfrentar barreras significativas si su identidad actual no coincide con los datos registrados en sus actas de nacimiento originales. Según estudios del Centro Brennan para la Justicia, aproximadamente 21 millones de estadounidenses podrían tener serias dificultades para obtener o presentar la documentación requerida por esta nueva legislación.
Futuro incierto en el Senado
Aunque la ley superó el primer tramo legislativo en la Cámara de Representantes, su futuro en el Senado permanece incierto. Para alcanzar la mayoría calificada necesaria para su ratificación final, requeriría el apoyo de al menos siete legisladores demócratas, un escenario que analistas consideran poco probable dada la oposición manifestada por la bancada opositora.
El debate sobre la ley SAVE refleja las profundas divisiones políticas en torno al acceso al voto en Estados Unidos, con implicaciones que podrían reconfigurar el panorama electoral en las próximas contiendas presidenciales y legislativas.
