Los desafueros del populismo: decisiones sin sustento en la evidencia
El presidente Gustavo Petro ha intensificado notablemente un estilo de gobierno populista durante el último año, tomando decisiones y emitiendo declaraciones que carecen de fundamento en la evidencia empírica disponible. Este enfoque ha generado preocupación entre analistas y sectores económicos, quienes observan cómo se priorizan narrativas políticas sobre realidades técnicas y financieras.
Decisiones económicas cuestionadas
El proceso comenzó a finales de 2025 con la expedición del decreto que establecía el salario mínimo para 2026, incrementándolo en un 23,7% sin considerar adecuadamente la capacidad financiera de las empresas ni la dinámica del mercado laboral colombiano. Esta medida provocó la suspensión provisional de la norma y forzó una reunión entre el Gobierno, sindicatos y gremios empresariales.
En dicha reunión, el Gobierno insistió en mantener el alza salarial del decreto anterior, generando temor entre los representantes empresariales ante posibles reacciones presidenciales. Analistas señalan que esta situación representó una falta de respeto hacia el Consejo de Estado y sus funciones constitucionales.
Emergencias y justificaciones cuestionables
En enero de 2026, la Corte Constitucional suspendió temporalmente la declaratoria del estado de emergencia económica realizada en diciembre anterior. Los magistrados determinaron que no existían condiciones sobrevinientes que justificaran su adopción, dejando sin sustento legal la reforma tributaria que no había logrado aprobación en el Congreso de la República.
Posteriormente, a principios de febrero, lluvias torrenciales inundaron el departamento de Córdoba, afectando masivamente a la población y al sistema productivo regional. El Gobierno respondió buscando responsables en lugar de soluciones técnicas, señalando a la empresa estatal Urrá como causante de las inundaciones por supuestamente botar agua para "usar gas caro" y aumentar el precio de la energía.
Nueva emergencia y medidas tributarias
Utilizando las inundaciones como justificación, el Gobierno decretó nuevamente el estado de emergencia la semana anterior, basándose en cálculos preliminares del Ministerio de Hacienda que proyectaban recaudar 8 billones de pesos para la reconstrucción de Córdoba. La propuesta incluía un impuesto al patrimonio para empresas y sociedades mercantiles que, de implementarse, generaría ingresos recién en 2027.
Paralelamente, la Contraloría General advirtió que en contratos firmados antes de la vigencia de la ley de garantías, el Gobierno Nacional y los regionales habían comprometido 14,8 billones de pesos de los presupuestos del año en curso. El gobernador de Córdoba propuso utilizar saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías para enfrentar la emergencia, una alternativa que fue desestimada en favor de medidas con mayor impacto político.
Política petrolera y reacciones sectoriales
El mayor desafuero identificado por analistas ocurrió en la política petrolera, donde el presidente Petro manifestó que si el precio internacional del petróleo cae por debajo de 60 dólares por barril, Ecopetrol se quiebra, y que la empresa se "arruinaría más rápido" si emplea la técnica del fracking para explotar gas y petróleo.
La Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de la industria petrolera con larga trayectoria en el país, reaccionó enérgicamente llamando al Presidente al "orden". La organización aclaró que:
- El punto de equilibrio de Ecopetrol es de 50 dólares por barril, no 60
- El desarrollo responsable del fracking podría salvar a la empresa en lugar de arruinarla
- "Decir disparates no resuelve nada" en materia de política energética
Esta postura del sindicato petrolero representa una de las pocas voces sensatas que cuestionan abiertamente las decisiones gubernamentales carentes de sustento técnico, según el análisis presentado.
