Defensora de Holman Morris afirma que no hay sanciones ni procesos abiertos por acoso sexual
En un pronunciamiento público difundido a través de sus redes sociales, la abogada Claudia Cristancho, representante legal del director de RTVC, Holman Morris, se refirió directamente a las denuncias de acoso sexual y laboral que pesan sobre su cliente. La defensora sostuvo de manera enfática que, hasta la fecha, Morris no ha recibido sanción alguna, ni penal, ni disciplinaria, ni fiscal, por los actos de abuso que se le imputan.
Posición de la defensa sobre los casos específicos
Con respecto al caso particular de Lina Marcela Castillo Nisperuza, Cristancho aclaró que nunca se presentó una denuncia penal formal por supuesto acoso sexual. Además, reveló que la Fiscalía emitió un escrito de acusación contra Castillo por delitos de injuria y calumnia, luego de que el propio Holman Morris interpusiera una denuncia penal en su contra.
La abogada argumentó que los constantes ataques mediáticos y políticos contra su defendido buscan generar una "reiterada desinformación y manipulación de algunos hechos". En su comunicado, insistió en que la presunción de inocencia de Morris se mantiene "incólume" ante la ausencia de condenas o procesos activos.
Exigencia política de remoción del cargo
Paralelamente, las mujeres integrantes de la coalición política del Pacto Histórico emitieron una declaración formal solicitando la remoción de cargos de aquellos funcionarios que enfrentan denuncias por violencia de género, haciendo un énfasis particular en la situación de Holman Morris como gerente de RTVC, el Sistema de Medios Públicos.
Esta declaración surge en medio de un intenso debate nacional sobre las agresiones basadas en género. Las firmantes del documento señalaron que, ante los hechos actuales, "consideramos necesario fijar una posición clara, responsable y coherente frente a los hechos que hoy generan preocupación en la opinión pública". Argumentaron que la persistente asimetría de poder en las instituciones motiva su exigencia de medidas drásticas e inmediatas.
Distinciones técnicas y exigencias específicas
En el documento, las mujeres del Pacto Histórico exigen explícitamente que, "mientras avanzan los procesos correspondientes", se retiren de sus funciones a los presuntos victimarios. Esta petición se fundamenta en la búsqueda de una "medida de transparencia y garantía de no repetición", así como en la necesidad urgente de garantizar espacios laborales y políticos libres de violencias.
Respecto a la situación específica en RTVC, el comunicado aclara que en el sistema de medios públicos "existen denuncias de acoso laboral que deben investigarse con todas las garantías". Sin embargo, el grupo marca una diferencia crucial respecto a los señalamientos contra el gerente de la entidad. Según la nota, las acusaciones de acoso sexual contra Morris "corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral anterior" y, por tanto, "no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad".
Bajo esta premisa, el colectivo de mujeres insta a que, "en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo". Asimismo, manifestaron su respaldo a las recientes acciones judiciales, indicando que "celebramos la decisión de la Fiscalía de reasignar el caso con enfoque de género", calificándolo como un avance hacia procesos más sensibles a las violencias históricas contra las mujeres.
Diferenciación legal de los tipos de violencia
El pronunciamiento también realiza una distinción técnica y ética sobre los tipos de violencia. Define el "acoso sexual laboral" (según la Ley 2365 de 2024) como conductas sexuales no consentidas que vulneran la dignidad femenina, mientras que el "acoso laboral" (según la Ley 1010 de 2006) abarca el maltrato, la persecución y la discriminación en las condiciones de trabajo.
Finalmente, los integrantes del Pacto Histórico expresaron su "solidaridad con las periodistas y con todas las mujeres que han denunciado situaciones de acoso y violencia", cerrando un documento que refleja la tensión entre la defensa legal de Morris y las exigencias políticas por transparencia y justicia de género.
