Campaña presidencial solicita investigación formal por posibles interceptaciones ilegales
La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha presentado una solicitud formal ante múltiples entidades del Estado colombiano para que investiguen posibles interceptaciones a sus comunicaciones, en medio de una creciente controversia generada por declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre supuestos informes de inteligencia.
Petición a organismos de control
En un pronunciamiento público emitido desde Bogotá el 4 de abril de 2026, el movimiento Defensores de la Patria, que respalda la candidatura de De la Espriella, dirigió solicitudes específicas a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control del Estado. La petición central consiste en verificar de manera exhaustiva si existieron interceptaciones a comunicaciones relacionadas con la campaña presidencial del candidato.
Origen de la controversia
Esta acción legal se produce como respuesta directa a declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de la red social X, donde el mandatario mencionó la existencia de informes elaborados a partir de inteligencia estatal. Según las afirmaciones presidenciales, estos documentos incluirían conversaciones entre los hermanos Bautista, vinculados a la firma Thomas Greg & Sons, y el propio Abelardo de la Espriella, todo en el contexto de la discusión pública sobre el contrato de pasaportes.
Cuestionamientos al uso de inteligencia estatal
El movimiento político ha expresado profunda preocupación por estas afirmaciones, señalando que plantean interrogantes fundamentales sobre el acceso del Gobierno a comunicaciones privadas de un candidato presidencial en pleno proceso electoral. En su postura oficial, advierten que este tipo de situaciones podrían afectar significativamente el desarrollo transparente y equitativo del proceso democrático en curso.
La solicitud incluye específicamente establecer si la información mencionada por el presidente fue obtenida mediante interceptaciones de comunicaciones y, de ser así, bajo qué condiciones legales o administrativas se habrían realizado estas intervenciones. Además, el movimiento hizo un llamado explícito a la ciudadanía colombiana para que mantenga una actitud vigilante frente a posibles irregularidades que puedan comprometer la integridad del proceso electoral.
Respuesta directa del candidato
Abelardo de la Espriella respondió personalmente a las declaraciones del mandatario con un tono confrontacional: "No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres. Petro, no solo no te temo, sino que si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos".
En otro segmento de su pronunciamiento, el candidato cuestionó directamente el manejo de contratos estatales: "Tú eres el presidente de la República; tú eres el que tiene y apoya, ilegalmente, a un candidato; en tus manos están los contratos de los pasaportes: eres tú el que los adjudica".
Críticas al sistema de inteligencia
De la Espriella fue más allá en sus cuestionamientos al dirigirse específicamente al uso de organismos estatales: "Revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales. ¿Es la inteligencia chimba o, en realidad, es tu cabeza la que no funciona?".
Compromiso con la transparencia electoral
El movimiento reiteró firmemente que no aceptará presiones derivadas del uso del poder estatal y citó a su líder en términos contundentes: "Conmigo se te acabó la impunidad: conmigo no. Yo no soy como los de siempre, que te permitieron llegar a donde estás; yo te enfrento, te derroto y te castigo".
Finalmente, se hizo un llamado enfático a proteger las garantías constitucionales del proceso electoral y a mantener una vigilancia constante sobre posibles actuaciones que puedan incidir negativamente en su desarrollo democrático. La situación ha generado un debate nacional sobre los límites del uso de inteligencia estatal durante períodos electorales y la protección de los derechos de los candidatos opositores.
