Colombia volvió a escuchar los ruidos que deberían desaparecer para siempre de la memoria nacional: el de las bombas. En Cali y en el suroccidente del país, los estruendos se han convertido en la normalidad estos días. Y eso es horrible. El atentado en la vía Panamericana, en Cajibío, dejó 20 muertos y 36 heridos, entre ellos varios menores. Esto ocurrió en medio de una escalada de más de dos docenas de ataques recientes. Las autoridades ya no pueden declarar con el casete diciendo que “son casos aislados”. Es la confirmación brutal de que el terrorismo volvió a ganar terreno donde el Estado llega tarde.
El fracaso de la paz total
Este horror ha aparecido en el final de un gobierno que prometió una salida al conflicto y que termina entregando un país más vulnerable, más fragmentado y más intimidado por los violentos. La llamada “paz total” quiso venderse como una apuesta transformadora, pero sus propios resultados la contradicen. La Fundación Ideas para la Paz advirtió este mes que la reactivación de la ofensiva estatal responde, entre otras cosas, al fracaso del modelo de uno de los proyectos emblemas del petrismo. Además, recordó que en el último cuatrienio casi se duplicaron las zonas en disputa entre grupos armados ilegales, cuyas estructuras aumentaron 85 % hasta superar los 27.000 integrantes. Son datos aterradores, producto de un gobierno que fue incapaz de producir control territorial real. Los grupos armados lograron reacomodarse y expandirse, y su actuar ha multiplicado el número de víctimas.
Cifras alarmantes de violencia
El propio balance más reciente del Ministerio de Defensa, con corte a marzo, registró 3.391 homicidios intencionales en el año, 30 masacres con 94 víctimas fatales y 2.914 casos de extorsión en el primer trimestre. Son cifras incompatibles con cualquier discurso triunfalista o de paz. Son cifras de un país donde demasiados ciudadanos siguen pagando “impuestos” criminales para poder abrir un negocio, transportar mercancía, sostener una finca o simplemente seguir vivos.
Lo ocurrido en Cauca y el Valle tiene, además, un significado político todavía más hondo, pues hasta el momento en el que escribo estas letras se han confirmado 26 acciones terroristas en 48 horas. Es decir, lamentablemente no estamos ante algo pasajero, sino ante una terrible arremetida coordinada y sostenida. Los violentos no solo quisieron matar. Quisieron exhibir capacidad, sembrar miedo y recordarle al país que en varias regiones son ellos, y no el Estado, quienes imponen su ley.
Ambigüedad del gobierno ante los grupos armados
Por eso me parece tan grave la ambigüedad con la que este gobierno trató durante demasiado tiempo a los grupos armados. Yo no creo que buscar la paz sea un error. Lo que sí creo, y hoy está a la vista, es que el gobierno de Gustavo Petro confundió el deseo de paz con la relajación del deber de autoridad. Negociar sin presión suficiente, suspender la contundencia del Estado sin garantías reales, tolerar incumplimientos sucesivos y prolongar mesas sin resultados verificables no produjo pacificación, sino que generó ventaja para los criminales. El caso de alias Calarcá es revelador. Hace pocos días el propio presidente Petro ordenó revisar la viabilidad de la mesa con el Estado Mayor de Bloques y Frente, al mando de ese delincuente. Mientras tanto, sus hombres continúan delinquiendo y ampliando su poder militar. Ya el gobierno frenó esas negociaciones por los actos violentos y el incumplimiento, pero se tardó en llegar a una conclusión que el país hace rato poseía. Y esa demora se tradujo en vidas perdidas de colombianos inocentes.
La crisis en el Catatumbo
Como las perdidas en el Catatumbo, donde sigue una escalada violenta sin tregua, con 22.000 personas desplazadas y más de 100.000 afectadas por combates que se vienen presentando desde el año pasado. También hay que mencionar en esta zona el uso sistemático de drones para vigilancia y ataque, instalación de minas y explosivos cerca de viviendas y escuelas, y reclutamiento de menores incluso con ofrecimientos de salario. Y, aún así, el gobierno insiste en defender su libreto, demostrando su irresponsabilidad política.
Una irresponsabilidad que ha mantenido durante la mayoría de su mandato, al que le quedan 100 días con un desafío enorme y que, por lo demostrado, parece difícil que lo supere, pues la gestión de Petro ha estado colmada de ingenuidad, terquedad y debilidad estratégica. Ahora debe capturar a las cabezas de la barbarie. Ahí están los nombres. Alias Marlon, por quien el ministro de Defensa anunció una recompensa de 5.000 millones de pesos y a quien señaló como responsable de los atentados terroristas en el suroccidente. Alias Iván Mordisco, identificado como el hombre más buscado del país y cabeza del EMC. Y al mencionado alias Calarcá. Si en algo quiere corregir el desastre, Petro debería usar estos últimos días para arrestar a esos cabecillas y demostrar, al menos al final, que el Estado todavía sabe ejercer autoridad.
La necesidad de liderazgo ético
La gente no necesita dirigentes expertos en excusas, sino líderes éticos y capaces de ponerse del lado correcto cuando el país tiembla. Esa es la ruta: estar cerca de la gente con un proyecto ético de largo plazo, no para comentar la tragedia desde la distancia, sino para construir una política que vuelva a merecer la confianza de los ciudadanos. Porque cuando el terror reaparece, la respuesta tiene que ser la verdad y la autoridad legítima.
No hay autonomía posible, no hay progreso serio, no hay inversión, no hay confianza, no hay convivencia y no hay futuro, si el Estado no es capaz de garantizar que la vida civil no quede a merced de los violentos. Por eso esta coyuntura exige claridad moral. Sin autoridad legítima no hay paz que dure.
A Petro le quedan poco más de 100 días para decidir cómo quiere ser recordado en materia de seguridad: si como el presidente que entendió demasiado tarde el tamaño del error, o como el presidente que, incluso después de ver buses destrozados, comunidades desplazadas y niños bajo drones y minas, siguió prefiriendo su ego por sobre la corrección.
