El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó como un "secuestro" la situación ocurrida el 29 de abril de 2026 en la sede del Ministerio del Interior, en Bogotá, donde comunidades indígenas permanecieron dentro de las instalaciones durante varias horas.
Detalles de la protesta indígena
De acuerdo con la información, el ingreso de los manifestantes provocó que más de 1.200 funcionarios quedaran dentro del edificio sin poder salir con normalidad, en medio de bloqueos en accesos y restricciones a la movilidad. "Es un secuestro cuando hacen ese tipo de acciones con violencia (…) había personas que no podían ni salir a almorzar", indicó el jefe de la cartera en un video publicado por medios como Caracol Radio.
El ministro aseguró que la situación constituyó un acto reprochable, al indicar que los trabajadores permanecieron en sus puestos sin posibilidad de desplazarse libremente durante buena parte de la jornada. "Se tomaron las instalaciones del Ministerio del Interior de forma violenta, con palos, cuchillos, machetes (…) retuvieron, sin exagerar, 1.200 personas durante todo el día", agregó Benedetti.
Motivos de la toma indígena
Según se conoció, la protesta fue protagonizada por comunidades indígenas que llegaron al lugar para exigir atención directa del Gobierno nacional frente a compromisos que consideran incumplidos. Entre las principales exigencias se encuentran soluciones en temas de infancia, adolescencia y atención a población vulnerable. También reclamaron avances en procesos de retorno a sus territorios, reubicación en condiciones dignas y garantías de permanencia temporal en la ciudad, junto con el acceso a ayuda humanitaria y programas sociales.
Las comunidades señalaron que su presencia en el edificio buscaba acelerar el diálogo con el Gobierno, ante la falta de respuestas efectivas en mesas previas y el incumplimiento de acuerdos pactados anteriormente.
Postura de los indígenas
Desde su postura, los voceros indígenas insistieron en que se trató de una protesta pacífica, orientada a visibilizar la crisis humanitaria que enfrentan, especialmente comunidades desplazadas asentadas en Bogotá. El episodio volvió a evidenciar las tensiones entre el Gobierno y estas organizaciones, en un contexto donde persisten reclamos por condiciones de vida, acceso a servicios básicos y cumplimiento de políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas.
En paralelo, el señalamiento del ministro abrió un fuerte debate sobre los límites de la protesta social, especialmente cuando involucra entidades del Estado y afecta a un alto número de funcionarios.
