La confianza como fundamento de la sociedad y el Estado
La confianza constituye el adhesivo esencial de toda sociedad organizada. Representa el cimiento fundamental de las relaciones humanas, ya sea en el ámbito familiar, laboral, de amistad o comunitario. Esta se basa en la creencia compartida de que los demás actuarán con honestidad, integridad y previsibilidad, estableciendo el marco necesario para la colaboración entre individuos.
La legitimidad estatal dependiente de la confianza ciudadana
En el contexto de los funcionarios públicos, la confianza se convierte en el pilar indispensable de la legitimidad del Estado. Cuando los niveles de confianza en estos servidores públicos se erosionan o desaparecen, inevitablemente se produce una implosión en la credibilidad de las instituciones que representan. Este fenómeno no podría ser diferente, dado que la confianza institucional se fundamenta en principios como la integridad, transparencia, eficiencia y compromiso genuino en la prestación de servicios públicos.
La pérdida o deterioro de esta confianza ciudadana reduce significativamente la capacidad de los poderes públicos para cumplir con sus objetivos misionales y legales establecidos. Todos los funcionarios, independientemente de su modalidad de vinculación -ya sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o por contrato de servicios- tienen como principal deber responder ante la confianza depositada por la ciudadanía.
El caso paradigmático de Ecopetrol y la responsabilidad directiva
Esta responsabilidad se intensifica en los cargos directivos denominados "de confianza", especialmente aquellos que involucran a empresas estatales estratégicas. Ecopetrol, como la compañía más grande e importante del país y principal fuente individual de recursos del Estado en el sector energético, representa un caso emblemático. El presidente de esta entidad no es un funcionario cualquiera, sino que recibe un nivel superior de confianza pública a la cual debe responder con creces.
La misma consideración aplica para la Junta Directiva responsable de su nombramiento. En este contexto específico, surge una tensión fundamental entre dos principios jurídicos fundamentales: la presunción de inocencia y la confianza pública requerida para ejercer cargos directivos.
El conflicto entre presunción de inocencia y confianza pública
La presunción de inocencia constituye el principio más relevante en el derecho penal colombiano, estableciendo que toda persona acusada de un delito debe considerarse inocente hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario. Este principio busca proteger a los ciudadanos contra posibles arbitrariedades estatales.
Sin embargo, cuando para efectos de la continuidad de un funcionario en un cargo de alto nivel entran en conflicto la confianza pública y la presunción de inocencia, debe prevalecer la primera sin que esto se interprete como un prejuzgamiento. La situación sería diferente si se tratara de un colaborador del Estado sin responsabilidades directivas, pero carece de sentido lógico que un servidor público de confianza se aferre a su cargo cuando la confianza en él se ha erosionado significativamente.
El caso concreto de Ricardo Roa en Ecopetrol
Corresponde exclusivamente a un juez establecer si Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, es culpable de los delitos que la Fiscalía General de la Nación le imputa, sin perjuicio de que el Consejo Nacional Electoral ya lo halló responsable de violar los topes de ley y procedió a sancionarlo. Lo que actualmente se debate es si Roa debe continuar en su cargo mientras adelanta su defensa legal, considerando el impacto negativo que su permanencia genera en la compañía petrolera estatal.
Desde diversas perspectivas analíticas, Ricardo Roa ha debido renunciar hace considerable tiempo. Su continuidad en el cargo parece explicarse principalmente por su cercanía con el Presidente de la República, entendida como una lealtad recíproca por razones de conocimiento público. La junta directiva de Ecopetrol, descrita como mayoritariamente "ventrílocua", probablemente no tomará acción alguna sin el consentimiento presidencial.
La paradoja de los mercados y la ética pública
Lo más paradójico de esta situación -y que evidencia los profundos problemas estructurales del país- es que los mercados financieros parecen preferir que Roa continúe en el cargo antes que asuma alguien con un perfil más mediocre y radical. Aunque este representa un riesgo cierto para la estabilidad empresarial, no exonera el deber ser ético que debe primar en la administración pública.
La ética y el respeto a la ciudadanía deben constituir principios irrenunciables en el ejercicio de cargos públicos, especialmente en entidades estratégicas como Ecopetrol que manejan recursos vitales para el desarrollo nacional.
