Fuerte enfrentamiento en el Concejo de Cali por anulación de elección de contralor
La Mesa Directiva del Concejo de Cali tomó una decisión que ha fracturado profundamente a la corporación municipal: mediante la Resolución 073 de 2026, firmada por la presidenta Daniella Plaza y el vicepresidente Andrés Escobar, se ordenó detener completamente la elección del contralor de la ciudad.
Esta medida radical deja sin efectos legales todos los procesos de selección realizados durante el año 2025, obligando al Concejo a reiniciar el trámite desde su fase inicial. Según explicaron los miembros de la Mesa Directiva, el objetivo principal es garantizar la transparencia absoluta y prevenir futuras impugnaciones que puedan comprometer la legitimidad del organismo de control fiscal.
División política y enfrentamiento verbal
La decisión ha generado una profunda división entre los cabildantes, separándolos entre quienes apoyan la medida como necesaria para asegurar la legalidad del proceso y quienes la consideran una estrategia dilatoria para retrasar la designación del funcionario que supervisará las finanzas públicas de Cali.
En la plenaria del miércoles 11 de marzo, esta tensión estalló en un rifirrafe público entre los concejales Mauricio Zamora del Pacto Histórico y Fabio Arroyave del Partido Liberal. Los comentarios de alto voltaje político iniciaron cuando Zamora calificó la decisión de la mesa directiva como un "esperpento", argumentando que se trataba de un proceso que ya había sido negado judicialmente a Andrés Escobar.
"Voy a denunciar penalmente a Andrés Escobar y ante el control disciplinario porque un juez de la República le contestó su acción y aun así usted está yendo en contravía firmando esa resolución", declaró el concejal Zamora, quien además anunció que presentará las denuncias correspondientes.
Respuesta y exigencia de respeto
Por su parte, el cabildante Fabio Arroyave respondió a Zamora explicando que la resolución sí fue votada y firmada después de que la mayoría de concejales la aprobara. Arroyave fundamentó esta decisión en una alerta de la Procuraduría General de la Nación, que advirtió sobre posibles vicios de trámite que podrían generar demandas futuras, por lo que recomendó subsanar el proceso completo.
"Es de mal gusto que usted diga que la destitución de 14 concejales es un esperpento. Sea respetuoso, no sea tan grosero", reclamó Arroyave durante el debate, exigiendo moderación en el lenguaje y respeto hacia la autonomía de decisión de cada concejal.
El concejal liberal explicó detalladamente: "La Procuraduría recomendó, entre otros, abstenerse en lo posible de realizar la elección de Contralor. Hasta tanto se usen los vicios identificados y se expidan los actos administrativos correspondientes para corregir. Esto lo dice la máxima autoridad disciplinaria de Colombia".
Implicaciones legales y políticas
Con la firma de este nuevo acto administrativo, el Concejo de Cali estaría reconociendo implícitamente que el proceso actual no ofrecía las garantías legales suficientes para una elección transparente y libre de impugnaciones. Al "subsanar y dejar sin efectos" las inscripciones y evaluaciones previas, la corporación intenta evitar una avalancha de demandas judiciales que podría bloquear indefinidamente la elección del control fiscal municipal.
La Mesa Directiva del Concejo está compuesta actualmente por Daniella Plaza como presidenta, Andrés Escobar como primer vicepresidente y María del Carmen Londoño como segunda vicepresidenta. Esta decisión ha puesto en evidencia las tensiones políticas subyacentes en la corporación, especialmente en un contexto electoral donde la transparencia en la designación de funcionarios de control se ha convertido en un tema de debate público.
El enfrentamiento entre Zamora y Arroyave refleja no solo diferencias partidistas, sino también visiones contrapuestas sobre cómo debe proceder la administración pública en procesos delicados de selección de funcionarios. Mientras algunos insisten en la celeridad para llenar el cargo vacante, otros priorizan el cumplimiento estricto de los procedimientos legales para evitar futuros cuestionamientos.
