Ministro del Interior radica proyecto para reformar Asambleas Departamentales
En la tarde del miércoles 25 de febrero de 2026, el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca modificar las funciones de las asambleas departamentales. Simultáneamente, el alto funcionario respondió a las controversias generadas por el decreto 0150 de 2026, que establece una nueva emergencia económica en el país.
Respuesta a críticas sobre contratación directa
El artículo 12 del decreto 0150, que autoriza a las entidades públicas a utilizar la modalidad de contratación directa para adquirir bienes, servicios y logística durante la emergencia, ha sido cuestionado por legisladores como Angélica Lozano. La senadora afirmó en sus redes sociales que el Gobierno "metió esta perla en el Decreto 0175", señalando que amplía la contratación directa, elimina límites a las adiciones y suprime restricciones de la ley de garantías, especialmente en plena época electoral.
Frente a estas acusaciones, Benedetti aseguró que la medida "no tiene que ver con eso" y explicó que está diseñada exclusivamente para temas de emergencia. "Estamos en campaña y cualquier cosa quieren hacerlo un objeto de campaña, una preocupación nacional. Las garantías han sido dadas desde el punto de vista electoral y del Gobierno como nunca antes se había presentado en el país", declaró el ministro durante una rueda de prensa.
Detalles del proyecto de reforma a las Asambleas
El proyecto de ley ordinaria, titulado "por medio de la cual se modifican y adicionan algunos artículos de la Ley 2200 de 2022, y se dictan otras disposiciones", tiene como objetivo principal fortalecer la autonomía de las asambleas departamentales como corporaciones de elección popular. Esto busca garantizar su independencia frente a los gobiernos departamentales y mejorar su funcionamiento institucional.
Los puntos clave de la iniciativa legislativa incluyen:
- Establecer la obligación progresiva de garantizar sedes, conectividad y herramientas tecnológicas adecuadas para el funcionamiento óptimo de las asambleas.
- Regular las convocatorias públicas para la elección del Secretario General, con etapas claras, pruebas objetivas y criterios de evaluación transparentes.
- Fortalecer las herramientas para citar, requerir información y realizar seguimiento a los funcionarios del orden departamental, mejorando el control político.
Cambios en la elección y reelección del Secretario General
El proyecto plantea modificaciones significativas en el proceso de selección y permanencia del Secretario General de las Asambleas. Actualmente, este cargo tiene un período institucional indefinido sin duración precisa. La reforma propone establecer un período fijo del 1 de enero al 31 de diciembre, con posibilidad de reelección automática mediante evaluación de desempeño en el último período ordinario, sin necesidad de un nuevo proceso de selección.
Además, se detalla un procedimiento de elección con convocatoria pública obligatoria que consta de ocho etapas:
- Convocatoria pública con 10 días de anticipación al aviso.
- Inscripción de candidatos.
- Publicación de lista de admitidos y no admitidos.
- Pruebas objetivas eliminatorias con un mínimo del 60% de aprobación.
- Análisis de méritos clasificatorio.
- Lista de elegibles por puntaje obtenido.
- Entrevista en sesión plenaria de la asamblea.
- Elección final por votación secreta con mayoría simple.
También se incluye una modificación al artículo 33 que ordena valorar como mérito adicional posgrados y experiencia específica en áreas como gestión pública, secretaría de corporaciones públicas, control político y asesoría jurídica institucional, con una experiencia mínima computable de dos años.
Contexto político y próximos pasos
Esta iniciativa se presenta en un contexto marcado por la emergencia económica derivada de las lluvias y la proximidad del período electoral. El proyecto de ley ahora deberá ser estudiado y debatido en el Congreso de la República, donde se espera que genere discusiones tanto sobre la autonomía de las entidades territoriales como sobre los mecanismos de transparencia en la administración pública departamental.
La radicación de este proyecto por parte del Ministerio del Interior representa un esfuerzo por modernizar y fortalecer las instituciones democráticas a nivel regional, al tiempo que busca responder a las críticas sobre posibles irregularidades en la contratación durante estados de excepción económica.
