Organismos de control y veedurías electorales alertan sobre participación política del presidente Petro
Diversos organismos de control, veedurías electorales y sectores políticos han elevado sus advertencias sobre la participación activa del presidente Gustavo Petro en la actual campaña presidencial. Las críticas se centran en el uso de sus redes sociales y en presuntos sesgos en medios públicos, lo que según expertos podría vulnerar normas constitucionales y disciplinarias.
Publicaciones en redes sociales bajo escrutinio
Solo durante el último viernes, el mandatario publicó siete mensajes directos en los que se refirió a competidores de Iván Cepeda, candidato presidencial de su sector político. Entre los mencionados se encuentran:
- La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia
- El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán
- El expresidente Álvaro Uribe
- Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia
A estas publicaciones se suman sus habituales mensajes donde denuncia presunto fraude electoral y cuestiona a bancos, altas cortes y organismos de control.
Las "zonas grises" de la legislación
La Constitución, el Código Único Disciplinario y el Código Penal prohíben expresamente a los funcionarios públicos intervenir en política utilizando su cargo para favorecer o perjudicar candidatos o partidos. Sin embargo, expertos jurídicos señalan que existen vacíos legales que dificultan establecer sanciones claras.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que el presidente se mueve en lo que denomina "zonas grises" de la legislación: "Lo que hace Petro es irse por las zonas grises, donde hace un llamado a la continuidad de su proyecto político progresista, pero sin pedir explícitamente el voto por Iván Cepeda o por los candidatos de su partido".
Señalamientos contra medios públicos RTVC
Las críticas también se extienden al sistema de medios públicos RTVC, donde según denuncias, candidatos cercanos a la izquierda han tenido mayor visibilidad que aspirantes de oposición. Un informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea advirtió sobre riesgos para la transparencia electoral debido a posibles sesgos en la cobertura.
"La televisión y la radio estatales cubrieron principalmente las actividades del presidente y los ministros. También favorecieron al Pacto Histórico. La cobertura de la oposición fue limitada y a menudo en tono negativo", señaló la misión europea.
Uso de cuentas oficiales de entidades públicas
Otro punto de preocupación es el uso de cuentas oficiales de entidades estatales. Según reportes documentados, nueve ministerios realizaron 2.658 publicaciones en febrero para difundir mensajes con contenido político e incluso convocatorias a movilizaciones.
Para Laura Bonilla, este caso podría superar las "zonas grises" y constituir una vulneración directa de la ley: "Aquí están interviniendo explícitamente y los medios públicos no deberían intervenir en política de ninguna manera".
Piden reformas y mayor control institucional
Expertos en derecho electoral advierten la necesidad de actualizar las normas sobre participación política de funcionarios públicos, considerando el impacto actual de las redes sociales. "Hoy la realidad democrática es muy distinta a la de 2003, cuando se incluyó esta norma. Se necesita volver a regular la intervención en política", agregó Bonilla.
Las investigaciones también podrían recaer en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, organismo encargado de investigar a los presidentes, aunque históricamente ha sido cuestionado por su falta de resultados concretos.
Advertencias de la Procuraduría y la Defensoría
Las críticas han alcanzado incluso a miembros del Gobierno. La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, por comentarios sobre políticos derrotados en el Congreso y sugirió una intervención de la Procuraduría.
"Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral y no puede actuar al servicio de intereses partidistas", afirmó la defensora.
Por su parte, la Procuraduría anunció una actuación preventiva por las denuncias sobre el posible uso de medios públicos para favorecer campañas y solicitó información a RTVC, el Ministerio TIC y el Consejo Nacional Electoral.
El viceprocurador Julián Fernández advirtió sobre la necesidad de definir límites claros: "Hay que establecer límites a la participación del presidente. Tiene derecho a la expresión política, pero no puede decirlo todo".
Más de 40 investigaciones en curso
Actualmente, la Procuraduría adelanta más de 40 investigaciones por presunta participación indebida en política. Sin embargo, no está claro si estas actuaciones lograrán moderar la conducta del presidente antes de que finalice el proceso electoral.
El tema mantiene en alerta a organizaciones como la Misión de Observación Electoral, en medio de crecientes preocupaciones sobre las garantías de transparencia en las próximas elecciones presidenciales.
