Gobierno firmó más de 80 mil contratos directos por 31 billones pese a fallo de la Corte
Un informe periodístico reveló que el Gobierno Nacional ha suscrito 80.734 contratos directos con organizaciones comunitarias por un valor superior a los 31 billones de pesos, utilizando el mecanismo de las Asociaciones Público-Populares creado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, a pesar de que la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta figura en 2023.
La información que revela el derecho de petición
La información surgió a partir de un derecho de petición presentado a Colombia Compra Eficiente, que permitió establecer que durante la actual administración se han firmado miles de contratos con juntas de acción comunal, asociaciones comunales, consejos comunitarios, cabildos, cabildos indígenas y resguardos. Estas organizaciones, en muchos casos, coinciden con bases sociales y territoriales cercanas al proyecto político del gobierno.
Lo que determinó la Corte Constitucional
En 2023, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo, que habilitaban a las entidades del Estado a contratar de manera directa, hasta por la mínima cuantía, con personas naturales y entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a la economía popular y comunitaria, sin necesidad de un proceso de licitación.
Según la investigación, el Tribunal concluyó que el Gobierno se extralimitó al crear una nueva modalidad de contratación directa sin delimitar con precisión a quiénes aplicaba y sin respetar los principios que rigen la contratación pública, como la transparencia, la libre competencia y la reserva de ley.
Distribución de los recursos contratados
De acuerdo con los datos obtenidos:
- Más de $25 billones se asignaron en 55.434 contratos con asociaciones comunales.
- Más de $2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios.
- Más de $1 billón en 2.274 contratos con resguardos.
- Más de $700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos.
- Más de $382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas.
- Más de $6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal.
Sin embargo, una parte reducida de estos contratos aparece como finalizada. Por ejemplo, de los más de 55.000 contratos con asociaciones comunales, apenas el 13 % figura como terminado. La mayoría permanece en estados como "en ejecución", "modificado" o "celebrado".
Alertas por baja ejecución y riesgos identificados
La Contraloría General de la República ha advertido sobre la baja materialización de obras asociadas a este tipo de contratación. En un informe sobre la política "Caminos para la Paz", que utilizó este modelo, señaló que de los 33.000 kilómetros de vías rurales prometidos, solo se habían construido 2.387 kilómetros hasta 2025, es decir, cerca del 7 % de la meta.
Durante la discusión del PND en 2023, la Cámara Colombiana de Infraestructura cuestionó este esquema. Su presidente, Juan Martín Caicedo, advirtió que la contratación directa con asociaciones comunitarias podía terminar concentrando obras públicas en manos sin la capacidad técnica requerida, afectando a pequeñas y medianas empresas de ingeniería en las regiones.
También alertó sobre el riesgo de adjudicar contratos sin estudios y diseños adecuados, lo que podría derivar en obras inconclusas o de baja calidad.
La postura de la Procuraduría General
El 13 de mayo de 2025, el procurador general Gregorio Eljach envió su concepto a la Corte defendiendo la constitucionalidad de esta forma de contratación. La Procuraduría General de la Nación consideró que flexibilizar la contratación para fortalecer la economía popular era una medida razonable y que las normas del PND sí respetaban las reglas establecidas en las leyes de contratación pública.
Este caso revela una tensión significativa entre las políticas gubernamentales de inclusión económica y los controles institucionales diseñados para garantizar transparencia y eficiencia en el gasto público.
