Registraduría enfrenta cuestionamientos por opacidad en datos de firmas de candidatos presidenciales
A menos de un mes del inicio formal de la carrera electoral, con las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra en el centro de la polémica por no divulgar un indicador crucial del proceso de inscripción de candidaturas presidenciales: el porcentaje de firmas válidas que avaló para los aspirantes inscritos por grupos significativos de ciudadanos.
Un dato histórico que ahora es reservado
Si bien esta semana la entidad confirmó qué candidatos superaron el umbral legal de aproximadamente 635.216 apoyos válidos, las nuevas críticas surgen porque mantiene en reserva la tasa de validez de los respaldos presentados. Este indicador, que históricamente fue de conocimiento público, permite dimensionar la solidez real de una candidatura y evaluar si el respaldo ciudadano fue producto de trabajo genuino o si, por el contrario, se inflaron cifras con planillas repetidas o copias.
La revisión no fue menor, ya que la Registraduría procesó una cifra récord de 28,5 millones de firmas y desde la primera semana de enero comenzó a informar qué candidatos alcanzaron el mínimo exigido. Sin embargo, el porcentaje de firmas avaladas, que revela la calidad del respaldo, sigue sin publicarse.
Magnitudes que generan interrogantes
La inquietud aumenta al analizar las magnitudes reportadas por algunos aspirantes. Candidatos como Abelardo de la Espriella, que entregó cerca de cinco millones de firmas, o Carlos Caicedo, con 2,6 millones, superaron ampliamente a políticos con mayor recorrido electoral como Claudia López o Aníbal Gaviria, quienes no alcanzaron 1,5 millones cada uno. Sin el porcentaje de validez, estas cifras brutas no permiten evaluar qué tan genuino fue el respaldo ciudadano.
Desde 2018, la Registraduría dejó de publicar este dato, siendo las elecciones presidenciales de hace ocho años el último registro público que permitió conocer cuántas de las firmas entregadas por cada candidato resultaron efectivamente válidas. En ese entonces se supo, por ejemplo, que Germán Vargas Lleras presentó 5,5 millones de firmas, de las cuales solo 2,7 millones fueron avaladas, una diferencia que marcó el debate público.
Presión mediática y respuestas institucionales
Ante el silencio institucional, medios como La Silla Vacía presentaron un derecho de petición para solicitar la información, cuyo plazo de respuesta vence en diez días. En paralelo, la periodista Cecilia Orozco afirmó en su columna que, según un documento al que tuvo acceso, el 62% de las firmas habrían sido rechazadas, aunque el 38% restante fue suficiente para superar el umbral legal exigido.
Frente a estas críticas, la Registraduría emitió un comunicado aclarando que solo en dos casos se encontraron inconsistencias relacionadas con posibles fraudes o delitos: los de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao. Esa información, precisó, fue dada a conocer el pasado 19 de enero por canales oficiales y ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Argumentos de la entidad y debate en curso
Para los demás grupos, la entidad aseguró que durante la revisión solo se detectaron incidencias comunes como datos ilegibles, inconsistencias con el Archivo Nacional de Identificación o personas que no figuran en el censo electoral. Además, recordó que la ley exige un mínimo de 635.216 firmas válidas, equivalentes al 3% de los votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022.
La Registraduría también enfatizó que la información no puede ser de dominio público al tratarse de datos asociados a las orientaciones políticas de los ciudadanos, que son derechos fundamentales protegidos. Sin embargo, el debate no se centra en revelar identidades individuales, sino en conocer tasas agregadas de validez que permitan evaluar la calidad del respaldo ciudadano.
Transparencia en juego
Así, mientras la autoridad electoral insiste en que el requisito legal se cumplió y que solo hubo posibles delitos en dos casos específicos, crece la presión para que publique los porcentajes de firmas avaladas por candidato. Para analistas y medios, este dato no solo fortalece la transparencia del proceso electoral, sino que reduce la especulación y aporta claridad en un momento clave del calendario electoral de 2026.
La primera cita electoral será el próximo 8 de marzo, pero la controversia sobre la transparencia en el proceso de firmas ya marca el inicio de la carrera hacia las elecciones presidenciales, poniendo en evidencia la tensión entre la protección de datos personales y el derecho ciudadano a información que permita evaluar la legitimidad de las candidaturas.
