Procuraduría respalda a Registraduría y advierte sanciones a jurados electorales
En un contundente pronunciamiento durante el foro ‘¿Cómo van las garantías electorales?’, organizado por EL TIEMPO y el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación advirtió a los jurados de votación que prestarán servicio en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. El ente de control dejó claro que quienes no acaten las instrucciones de la Registraduría Nacional en el diligenciamiento de los formularios E-14 se exponen a sanciones disciplinarias, ya que durante la jornada electoral ejercen funciones públicas transitorias.
Respuesta a polémica sobre formularios E-14
La advertencia de la Procuraduría se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera a los jurados desatender la instrucción de la Registraduría de no tachar ni rellenar los espacios correspondientes a partidos que no obtengan votos. El mandatario argumentó que dejar esos campos en blanco podría facilitar un eventual fraude electoral, afirmación que fue desmentida por la autoridad electoral. La Registraduría aseguró que no existe forma de alterar las actas por esa vía y que, en cambio, marcarlos dificultaría la transmisión de datos y su digitalización.
José María Sarmiento Ortiz, procurador delegado para la vigilancia técnica y operativa, subrayó que conforme a los artículos 264 y 266 de la Constitución, es el Registrador Nacional quien tiene la competencia exclusiva para organizar y regular las etapas del proceso electoral. “Si se llegase a presentar una discrepancia entre el Registrador y el Gobierno, es el Registrador quien puede evaluar qué se puede ajustar y qué no”, indicó Sarmiento, añadiendo que el proceso electoral ya está en marcha y no habría oportunidad de cambiar las reglas establecidas.
Medidas de seguridad para las elecciones
El foro contó con la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien detalló las acciones adelantadas por el Ejecutivo para blindar las elecciones. Según el alto funcionario, se ha evaluado la seguridad de:
- 64 candidatos a la Presidencia
- 312 aspirantes al Congreso
- 68 candidatos de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep)
Como resultado de este monitoreo, se han distribuido 353 vehículos blindados y se han gestionado 3.700 ayudas en desplazamientos para mitigar riesgos en el territorio nacional. Además, para el día de las elecciones se capacitó a 142.000 policías que cubrirán los puestos de votación.
Benedetti señaló que 148 municipios —el 13 por ciento del total en Colombia— presentan algún nivel de riesgo por factores de seguridad, especialmente aquellos ubicados en el Pacífico colombiano, el nororiente del país y el Magdalena Medio. El ministro anunció que el Ministerio de Defensa ofrecerá una recompensa de 50 millones de pesos a quien suministre información que permita identificar dónde se están comprando votos.
Posiciones institucionales
Por su parte, el registrador distrital de Bogotá, Youssef Sefair Silva, aseguró que las decisiones de la entidad sobre el proceso electoral se han adoptado con el acompañamiento de distintas instituciones. “No son decisiones unilaterales sino conjuntas. No hay riesgo de errores ni malos manejos por cómo está diseñado el protocolo de los jurados, tenemos total tranquilidad”, afirmó.
El foro incluyó otros dos paneles donde se abordaron temas cruciales. En el primero, con participación del viceministro Javier Baquero, el brigadier general Óscar Mauricio Rico y María Romero de la Federación Colombiana de Municipios, se coincidió en que uno de los principales riesgos electorales en las regiones es el constreñimiento al elector. En el tercer panel, la Misión de Observación Electoral (MOE), el Viceministerio para el Diálogo Social y el candidato Mauricio Toro discutieron la importancia de las consultas previas en el proceso electoral.
La Procuraduría reiteró que los jurados de votación, al ejercer funciones públicas aunque sea de manera transitoria, están sujetos al control disciplinario del ente de control. Cualquier desacato a las instrucciones de la Registraduría podría derivar en sanciones que afecten su situación legal, especialmente en un proceso electoral donde la transparencia y el cumplimiento de los protocolos son fundamentales para la legitimidad de los resultados.
