Nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la Registraduría por los sistemas electorales
Un nuevo choque entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el presidente Gustavo Petro ha estallado en los días previos a las elecciones del 8 de marzo, centrándose en los softwares que gestionan el proceso electoral y el papel de las empresas contratadas por el Estado. La mirada del Gobierno se ha dirigido específicamente hacia Thomas Greg & Sons, una firma que, además de participar en las elecciones, fue retirada recientemente del esquema de expedición de pasaportes. Sin embargo, esta empresa no es la única involucrada en el sistema que garantiza la logística electoral sin contratiempos.
Contratos millonarios y componentes clave del proceso
Thomas Greg & Sons forma parte de una unión temporal a la que se le adjudicó, hace unos meses, un contrato por COP 2,1 billones. Este acuerdo tiene como objetivo proporcionar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales en 2025 y 2026. Según un decreto oficial, este sistema ya fue probado en las elecciones a los Consejos de Juventudes. La solución incluye trece componentes técnicos que abarcan etapas preelectorales, electorales y postelectorales, como la inscripción de ciudadanos, el kit electoral, la biometría y el escrutinio.
Por otro lado, Indra está a cargo de los servicios y sistemas para la consolidación y divulgación de las votaciones, mediante un convenio de más de COP 48.000 millones. Su función es verificar y consolidar los datos electorales obtenidos del procesamiento electrónico del preconteo para su publicación en la página web de la entidad. Es importante destacar que ninguna firma extranjera maneja el proceso de escrutinio, que es el conteo oficial de votos y es propiedad exclusiva del Estado desde 2021, tras un fallo del Consejo de Estado.
Auditorías internacionales y propiedad estatal del software
Por primera vez, los softwares electorales tendrán una auditoría internacional durante las elecciones de 2026, permitiendo que los partidos políticos acrediten auditores para supervisar todas las etapas del proceso. El software de escrutinio fue adquirido por Colombia a Indra, y solo los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen autoridad para manejarlo. Este sistema se probó inicialmente en 2022, durante las elecciones que llevaron a Petro a la presidencia, y en ese momento, todos los partidos pudieron auditar la plataforma.
Alexander Vega, entonces registrador y hoy codirector del Partido de la U, explicó que la auditoría garantiza que todos los partidos tengan asiento en la sala de auditoría, reforzando la transparencia dentro del Plan de Garantías Electorales. Este programa permite, por ejemplo, que los partidos certifiquen si los votos recibidos superan los del preconteo y puedan reclamar ante las instancias electorales. El escrutinio en sí no lo realiza el software, sino jueces de la República, delegados de los partidos y magistrados del CNE.
Declaraciones contrapuestas: Petro vs. Penagos
En los últimos días, las tensiones han aumentado debido a los señalamientos del presidente Petro sobre el proceso electoral. A través de publicaciones en X y discursos públicos, ha insistido en que existe una alta posibilidad de fraude, mientras que el registrador Hernán Penagos ha defendido que se trata de un proceso altamente vigilado y asegurado. Penagos subrayó la autonomía de la Registraduría, afirmando que nadie le dirá cómo llevar a cabo las elecciones.
En respuesta, Petro anunció una reunión con el registrador y acusó que "en Colombia siempre hacen fraude". Además, ordenó a Thomas Greg entregar la base de datos de pasaportes a la Imprenta Nacional para garantizar elecciones libres y transparentes. Previamente, el mandatario cuestionó una directiva de la Registraduría sobre dejar en blanco los espacios vacíos en las actas E-14, argumentando que podría abrir espacio a la manipulación, mientras la entidad electoral insiste en que es para una mejor lectura.
Contexto electoral y próximos pasos
La confrontación se intensifica a solo 17 días de los comicios que elegirán al próximo Congreso, con 103 senadores y 182 representantes, además de tres consultas: la Gran Consulta, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones. Este escenario pone en evidencia las disputas institucionales en torno a la transparencia y seguridad electoral en Colombia, marcando un clima de incertidumbre antes de las votaciones.
